Junta Revolucionaria de Gobierno asume el mando provisional del país el 20 de octubre de 1944; en cinco meses prosigue convocatoria a elección presidencial y también de Asamblea que define constitución democrática de 1945.
El 20 de octubre de 1944, tres hombres asumieron el gobierno de Guatemala con una misión que iba mucho más allá de sustituir al régimen derrocado del general Federico Ponce Vaides que pretendía prolongar la dictadura ubiquista. Tras el movimiento revolucionario que unió a estudiantes, obreros y militares, queda al mando un triunvirato cívico miligar: el mayor Francisco Javier Arana, de 39 años; el capitán Jacobo Árbenz Guzmán, de 30 años; y el ciudadano Jorge Toriello, de 35 años, comerciante.
La Junta Revolucionaria de Gobierno debía desmontar las estructuras políticas y administrativas heredadas de la dictadura, restablecer la institucionalidad y conducir al país hacia elecciones y una nueva Constitución. Pero su primera disyuntiva apareció casi inmediatamente: decidir si mantenían vigente la convocatoria a elecciones presidenciales para el 17, 18 y 19 de diciembre, que había hecho Federico Ponce Vaides o si ellos mismos permanecerían más tiempo en el poder, como sostenía uno de sus integrantes.
Árbenz y Toriello eran partidarios de respetar la convocatoria electoral, mientras Arana sostenía que, si la insurrección los había llevado al poder, no había razón para entregarlo tan pronto. La situación se complicó todavía más cuando un emisario de la Asamblea Legislativa comunicó que ese organismo pretendía retener el poder. Ante esa circunstancia, Árbenz y Toriello impulsaron la decisión de disolver la Asamblea y convocar a elecciones para integrar una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Constitución de la República.
Cinco meses para desmontar una dictadura
La Junta asumió el mando después del levantamiento del 20 de octubre y permaneció en el poder hasta el 15 de marzo de 1945. Fueron menos de cinco meses, pero su producción legislativa fue considerable: emitió 89 decretos orientados principalmente a desmontar la estructura administrativa y política de terror de la dictadura. Buscaban crear las bases para insertar la vida institucional del país en las nuevas corrientes sociales y políticas.
Una de sus decisiones fundamentales fue el Decreto 17, emitido el 28 de noviembre de 1944, que estableció los Principios Fundamentales de la Revolución del 20 de Octubre. El documento planteó la descentralización del Ejecutivo, la separación efectiva de los tres poderes del Estado, la sustitución de los designados presidenciales por un vicepresidente, la alternabilidad en el poder y la prohibición de la reelección.
También estableció como principios la reorganización del Ejército, la elección popular de las municipalidades, la autonomía del Poder Judicial y de la Universidad, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos democráticos, nuevas normas sobre el sufragio, el reconocimiento de la ciudadanía de la mujer y la probidad administrativa.
Estos principios no quedaron como una declaración aislada. La Junta dispuso la derogación total de la Constitución vigente y mantuvo provisionalmente algunos títulos de la Constitución de 1879, que habían sido reformados mañosamente por Ubico 1935, mientras la Asamblea Nacional Constituyente elaboraba una nueva Carta Fundamental.
El camino hacia una nueva Constitución
En noviembre de 1944 se convocó a diputados de una nueva Asamblea Nacional, la cual comenzó sus sesiones extraordinarias el 3 de diciembre de 1944, bajo la presidencia de Manuel Galich. Entre sus tareas estuvieron ratificar los decretos emitidos por la Junta (que con ello demostraba no tener ni pretender un poder absoluto), reorganizar el Poder Judicial, elegir a los Consejeros de Estado y convocar a la Asamblea Constituyente que tendría a su cargo elaborar la nueva Constitución.
Durante este período coexistieron tres fuentes de poder político y legislativo: la Junta Revolucionaria de Gobierno, el Congreso de la República y la Asamblea Constituyente. Esta última fue electa del 28 al 30 de diciembre y quedó instalada el 16 de enero de 1945, integrada por 57 diputados.
La nueva Constitución se trabajó en dos meses, retomando principios de la de 1879, pero de manera más funcional y actualizada. También contiene principios Fundamentales establecidos por la Junta y un anteproyecto preparado por una comisión de la Asociación de Abogados.
Universidad y alfabetización
La transformación institucional revolucionó la educación. La Junta adoptó medidas para garantizar la autonomía y personalidad jurídica de la Universidad de San Carlos y creó el Comité Nacional de Alfabetización, al considerar que el analfabetismo constituía un obstáculo para el funcionamiento de una democracia auténtica.
La Ley de Alfabetización Nacional declaró la alfabetización como asunto de urgencia y necesidad nacional y estableció como meta elevar el índice de alfabetización a no menos del 95 por ciento en cuatro años.
La Junta también reorganizó el Organismo Ejecutivo en nueve Secretarías de Estado, entre ellas Agricultura y Minería; Comunicaciones y Obras Públicas; Defensa Nacional; Economía; Educación Pública; Gobernación, Trabajo y Previsión Social; Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores; y Salud Pública y Asistencia Social.
Las elecciones presidenciales de diciembre de 1944
El proceso iniciado por la Junta Revolucionaria de Gobierno desembocó en las primeras elecciones presidenciales democráticas y sin injerencia del Ejecutivo (como lo pretendió el derrocado Ponce Vaides, a imitación de diversos presidentes militares anteriores). Los comicios se realizaron los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1944, apenas dos meses después del triunfo de la Revolución de Octubre.
Cuatro candidatos participaron en la elección: el pedagogo Juan José Arévalo, el excanciller Adrián Recinos, el ingeniero y líder obrero Manuel María Herrera y el coronel Guillermo Flores Avendaño. Arévalo obtuvo 255,260 votos, frente a 20,749 de Recinos, 11,062 de Herrera y 8,230 de Flores Avendaño.
El resultado llevó al doctor Arévalo a la Presidencia de la República y dio continuidad al proceso de transición iniciado por la Junta. Su toma de posesión ocurrió el 15 de marzo de 1945, el mismo día en que fue jurada la nueva Constitución Política de la República. Arévalo recibió la banda presidencial de manos del diputado Manuel Galich.
Cambios en la economía y la banca
En las últimas semanas de su administración, la Junta impulsó además reformas económicas y financieras. Los decretos 66 y 67, ambos del 28 de febrero de 1945, establecieron la Ley Monetaria y la Ley del Banco Central, que en el año siguiente se convertiría en el Banco de Guatemala ya bajo el gobierno del presidente Juan José Arévalo.
La primera dispuso el ajuste de la paridad oro del quetzal respecto del dólar estadounidense y adoptó principios vinculados con los acuerdos de Bretton Woods para la estabilidad monetaria internacional.
El 15 de marzo de 1945 terminó el período de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Ese día, la Asamblea Constituyente clausuró sus sesiones y se declaró disuelta mediante el Decreto número 6. La nueva Constitución fue jurada por los diputados al Congreso y, simultáneamente, por el nuevo presidente de la República, Juan José Arévalo, quien recibió la banda presidencial del diputado Manuel Galich.
La Constitución de 1945 introdujo cambios importantes en la organización política y administrativa del país. Entre ellos estuvieron la moderación del poder militar frente al civil, el fortalecimiento de los municipios, la autonomía universitaria, la incorporación de derechos individuales y sociales, la disminución del poder presidencial y la modernización de la administración pública.
Algunos historiadores han señalado que Guatemala entró realmente al siglo XX hasta octubre de 1944. La afirmación alude a la magnitud de la ruptura que representó la Revolución de Octubre: no fue únicamente el reemplazo de un gobierno, sino el comienzo de una transformación de las instituciones, de la relación entre los poderes del Estado, de la participación política y de las concepciones sobre los derechos sociales.
