Teresa tiene una hija de 12 años que está en Estados Unidos a la espera de una tercera cirugía; pero Teresa fue deportada a Guatemala y tuvo que dejarla a ella y a otros dos hijos al cuidado de su padre: uno de miles de impactos de la política antimigrante.
Teresa M. es una guatemalteca que fue deportada y que llevaba siete años en Estados Unidos. En este país se quedaron sus dos hijos. Su hija, de 12 años necesita una cirugía que no podría tener si la tuviera en Guatemala. Su hijo de 6, recibe terapia del habla en Alabama, donde ella vivía, pero ahora está separada de ellos.
La historia, documentada por Human Rights Watch en septiembre de 2026, muestra una de las consecuencias menos visibles del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses: una detención o deportación no afecta únicamente a la persona que queda bajo custodia. Puede alterar la vida, la salud y la estabilidad de los niños que permanecen en Estados Unidos, incluso cuando son ciudadanos estadounidenses.
Una madre ante una decisión imposible
Teresa salía hacia su trabajo en una fábrica de muebles cuando fue detenida por la policía de Alabama. Un compañero conducía el vehículo y, según contó, no sabe por qué fueron detenidos. Pasó una noche en una cárcel antes de ser entregada a agentes migratorios y trasladada posteriormente entre varios centros de detención, primero en Birmingham y Tuscaloosa y después en Luisiana.
Durante el proceso, según relató a Human Rights Watch, enfrentó una decisión que tuvo consecuencias directas sobre sus tres hijos: una niña de 12 años y dos niños de 6 y 1 año. Podía intentar llevarlos consigo ante la posibilidad de que también quedaran expuestos a la detención y la deportación o dejarlos en Estados Unidos al cuidado de su padre.
La salud de los niños pesó en la decisión. Su hija mayor ya había sido sometida a tres cirugías y necesitaba una más. Su hijo de 6 años recibía terapia del habla, un tratamiento que, según Teresa, sería más difícil de conseguir en Guatemala.
“Pensé en llevar a mis hijos”, relató. Finalmente decidió que permanecieran en Estados Unidos. “Le dije a mi esposo que yo estaba bien y que él cuidara a los niños”. Poco después fue deportada y Human Rights Watch la entrevistó al llegar a Guatemala.
Uno de cada cuatro niños vive en una familia inmigrante
El caso de Teresa ocurre en una población mucho mayor. Un estudio del Urban Institute, publicado en abril de 2026 a partir de una encuesta nacional realizada en diciembre de 2025, encontró que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia inmigrante. La investigación examinó las experiencias de 1,036 adultos de familias inmigrantes con menores de 19 años y documentó cómo las preocupaciones migratorias estaban modificando actividades esenciales de los hogares.
El 23% de los adultos encuestados dijo que algún integrante de su hogar había dejado de realizar al menos una actividad esencial durante el año anterior debido al temor relacionado con la situación migratoria de un familiar. En 10% de los hogares se había evitado enviar a los niños a la escuela, guardería o actividades extraescolares; otro 10% había dejado de acudir a consultas médicas, clínicas u hospitales por preocupaciones relacionadas con inmigración.
El 15% de los adultos de familias inmigrantes con hijos afirmó que los menores habían experimentado más estrés, ansiedad o tristeza durante el año anterior debido a preocupaciones sobre su propia situación migratoria o la de algún familiar.
En los hogares de estatus migratorio mixto —donde conviven personas indocumentadas con residentes legales o ciudadanos estadounidenses— el porcentaje ascendió al 27%. Incluso en las familias integradas exclusivamente por ciudadanos estadounidenses, el indicador fue de 8%.
Niños sin sus padres dentro de Estados Unidos
La imagen de la separación familiar suele asociarse con la frontera, pero el Migration Policy Institute documentó en julio de 2026 otra modalidad: padres que son detenidos o deportados mientras sus hijos permanecen dentro de Estados Unidos.
El instituto señala que una directriz de ICE emitida en julio de 2025 eliminó restricciones anteriores para la detención de padres de menores y suprimió el requisito de mantenerlos, en la medida de lo posible, cerca de sus hijos. Según los datos de ICE analizados por el instituto, durante el año fiscal 2026, hasta el 31 de marzo, cerca de 17,900 personas detenidas habían declarado ser padres de hijos ciudadanos estadounidenses. La cifra era casi el doble de la registrada durante el año fiscal 2024.
El propio Migration Policy Institute advierte que se trata probablemente de un subregistro, es decir que puede ser aún mayor, porque algunos detenidos pueden no declarar que tienen hijos por temor a una mayor participación de las autoridades migratorias. Además, el dato no incluye a padres de niños que no son ciudadanos estadounidenses.
El alcance potencial es considerable. El instituto estima que, a mediados de 2023, 6.3 millones de niños vivían en Estados Unidos con al menos un progenitor indocumentado y que aproximadamente 84% de ellos eran ciudadanos estadounidenses.
Esta cifra no significa que todos esos niños hayan sido separados de sus padres. Se trata de una estimación de la población infantil que vivía con al menos un progenitor indocumentado y que, por tanto, puede verse afectada por una eventual detención, deportación o salida forzada de uno de sus padres.
Otra estimación citada por el instituto, elaborada por Brookings, calculó que aproximadamente 205 mil niños habían tenido a uno de sus padres detenido por autoridades migratorias hasta mayo de 2026; 71% de esos menores serían ciudadanos estadounidenses.
El miedo también puede cerrar las puertas de la escuela y el hospital
El problema comienza incluso antes de la separación. Los datos del Urban Institute muestran familias que dejan de realizar actividades esenciales por temor a las autoridades: niños que no son enviados a la escuela o guardería y personas que dejan de acudir a consultas médicas, clínicas u hospitales.
Esto convierte el miedo migratorio en un factor que puede afectar indirectamente derechos y servicios básicos de los menores. Un niño puede no tener ningún problema con su ciudadanía o estatus migratorio y, sin embargo, experimentar las consecuencias de la situación de sus padres.
En los hogares de estatus migratorio mixto, esa tensión puede ser particularmente fuerte. Un niño puede ser ciudadano estadounidense mientras alguno de sus padres enfrenta la posibilidad de ser detenido o deportado. La familia debe entonces decidir quién se encargará del menor, cómo se pagarán los gastos y cómo se garantizarán tratamientos médicos, educación y cuidados cotidianos si el principal cuidador desaparece.
La separación deja huellas en la salud
Human Rights Watch recogió testimonios de padres deportados y de profesionales de salud que describen efectos físicos y emocionales en los menores. Una pediatra que atiende a familias inmigrantes en Los Ángeles contó que ha tratado a niños y adolescentes afectados después de que un familiar fuera detenido, encarcelado o deportado.
La médica relató el caso de una adolescente de 15 años que ingirió una gran cantidad de medicamentos en un intento de quitarse la vida después de que uno de sus padres fuera detenido. También explicó que ha observado en menores síntomas relacionados con trauma y advirtió que algunas consecuencias pueden aparecer muchos años después.
La pediatra también describió el caso de una niña ciudadana estadounidense con una enfermedad cardíaca grave, que había pasado años entrando y saliendo de hospitales y cirugías. Después de que su hermano mayor fuera detenido por ICE y posteriormente deportado, la madre quedó como única cuidadora.
Otro padre guatemalteco: “He perdido a mi hija”
Human Rights Watch también documentó el caso de Jeremiah C., un guatemalteco deportado después de ser detenido en Florida. Era trabajador de la construcción y había sido el principal cuidador de su hija de 2 años, una ciudadana estadounidense. “Yo era quien la alimentaba y dormía a su lado”, contó. También la llevaba a la guardería. “Era mi primera hija y la cuidaba todo lo que podía”.
Después de su deportación, la niña comenzó a tener dificultades para dormir. Jeremiah contó que había perdido siete libras y que con frecuencia se negaba a comer.
La situación económica también cambió. Su esposa, que tiene permiso de trabajo, permaneció en Estados Unidos con los niños, pero ya no contaba con los ingresos que él aportaba como trabajador de la construcción. “Trabajo barato, pago mis impuestos, pero una parada con la policía y eso es todo”, dijo. “He perdido a mi hija”.
