El fallo judicial contra los arrestos de migrantes sin orden judicial ocurrió en diciembre 2026; el gobierno federal lo apeló. Ahora 22 Fiscales Generales de Estados de la Unión oficializan respaldo al fallo, para prevenir abusos y garantizar derechos.
Veintidós fiscales generales de Estados Unidos respaldan a los demandantes del caso Escobar Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que cuestiona los arrestos migratorios civiles sin orden judicial cuando los agentes no tienen como determinar que existe riesgo de fuga.
El 19 de octubre de 2026, los funcionarios presentaron un escrito legal ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para apoyar la posición de los demandantes y solicitar que se mantengan las restricciones judiciales impuestas a esas prácticas.
La demanda Escobar Molina contra DHS, obtuvo una resolución judicial favorable preliminar en diciembre de 2025: la jueza federal Beryl A. Howell restringió los arrestos sin orden judicial que no cumplieran los requisitos legales en el Distrito de Columbia. Sin embargo, el Gobierno federal impugnó esa decisión. En enero 2026, ICE emitió un memorando en el que prácticamente decía que seguían vigentes los arrestos sin orden.
En mayo de 2026, la jueza Howell determinó que el memorando de ICE incumplía la orden anterior y prohibió al Gobierno utilizar los criterios de ese documento para justificar arrestos migratorios civiles sin orden judicial en esa jurisdicción.
Por tanto, los 22 fiscales generales no presentaron una nueva demanda ni se limitaron a respaldar un fallo ya emitido: están interviniendo en el proceso de apelación, bajo la figura amici curie (amigos de la corte) para defender la posición de los demandantes y sostener que los agentes federales deben respetar los estrictos requisitos establecidos por la legislación para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial.
Qué originó la demanda
El caso fue presentado en septiembre de 2025 por cuatro personas inmigrantes y la organización CASA. Los demandantes cuestionan las prácticas de las autoridades federales relacionadas con los arrestos migratorios civiles sin orden judicial y alegan que los agentes realizaron detenciones sin evaluar si existía causa probable para creer que las personas escaparían antes de que pudiera obtenerse una orden.
La legislación federal permite a los agentes migratorios efectuar determinados arrestos sin orden judicial cuando tienen causa probable y justificada para creer que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y que probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden de arresto.
La controversia consiste en cómo debe interpretarse y aplicarse el requisito de riesgo de fuga, y si las instrucciones impartidas a los agentes respetan los límites establecidos por la ley.
El memorando de ICE y la resolución judicial
El 28 de enero de 2026, Todd Lyons, entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), distribuyó un memorando con instrucciones sobre los arrestos migratorios civiles sin orden judicial. La directriz defendía una interpretación amplia de las circunstancias en las que los agentes podían suponer que una persona probablemente escaparía antes de que se obtuviera una orden.
El memorando se emitió después de que, el 2 de diciembre de 2025, la jueza federal Beryl A. Howell hubiera ordenado restringir en el Distrito de Columbia los arrestos migratorios civiles sin orden judicial que no cumplieran las condiciones legales y no estuvieran respaldados por una evaluación individualizada del riesgo de fuga. Los demandantes sostuvieron que las instrucciones de ICE no respetaban esa resolución.
La resolución de la jueza representa una prohibición nacional de todos los arrestos migratorios sin orden judicial. Su alcance corresponde al litigio y a la jurisdicción en la que fue emitida.
Qué argumentan los 22 fiscales generales
Los fiscales han expuesto la necesidad de que los agentes migratorios cumplan con las garantías de ley. El escrito también expone los efectos que, según los funcionarios, pueden tener los arrestos que no cumplen los requisitos legales. Entre ellos menciona la separación y desestabilización de familias, las interrupciones escolares, las ausencias laborales y las pérdidas económicas para los negocios.
Los fiscales advierten que el temor a una detención puede llevar a algunas personas a posponer consultas médicas, evitar actividades comunitarias o abstenerse de denunciar delitos y colaborar con las autoridades. La coalición también cuestiona las operaciones en las que intervienen agentes enmascarados, vestidos de civil o que utilizan vehículos sin distintivos visibles. Según los argumentos presentados, estas prácticas pueden generar confusión y temor, además de debilitar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones locales.
Los fiscales sostienen que exigir el cumplimiento de los límites legales no impide aplicar las leyes migratorias.
Los 22 fiscales generales participantes
La coalición está integrada por los fiscales generales de 21 estados y del Distrito de Columbia:
- Rob Bonta — California.
- Philip J. Weiser — Colorado.
- Kristin K. Mayes — Arizona.
- William Tong — Connecticut.
- Kathleen Jennings — Delaware.
- Anne E. Lopez — Hawái.
- Kwame Raoul — Illinois.
- Aaron M. Frey — Maine.
- Anthony G. Brown — Maryland.
- Andrea Joy Campbell — Massachusetts.
- Dana Nessel — Michigan.
- Keith Ellison — Minnesota.
- Aaron D. Ford — Nevada.
- Jennifer Davenport — Nueva Jersey.
- Raúl Torrez — Nuevo México.
- Letitia James — Nueva York.
- Dan Rayfield — Oregón.
- Peter F. Neronha — Rhode Island.
- Charity R. Clark — Vermont.
- Jay Jones — Virginia.
- Nicholas W. Brown — Washington.
- Brian L. Schwalb — Distrito de Columbia.
La iniciativa es encabezada por el fiscal general de Connecticut, William Tong.
