Una nueva regla migratoria que amplía criterios para que un migrante sea considerado "carga pública" para evaluar si se le otorga o no una visa de residencia está vigente desde este 18 de septiembre; 22 Estados de la Unión se oponen.
Este 18 de septiembre de 2026 entró en vigor en Estados Unidos una nueva regla migratoria, emitida por la administración Trump, llamada de “carga pública” que podría convertirse en una nueva dificultad para que solicitantes de residencia o “green card” reciban la autorización. Sin embargo, 22 Estados y el Distrito de Columbia demandaron al gobierno federal para intentar detener su aplicación.
La disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambia la manera en que los funcionarios de inmigración pueden evaluar las circunstancias económicas y familiares de una persona que solicita una green card. La demanda de los estados sostiene que la nueva política puede perjudicar a migrantes que utilizan legalmente determinados programas de asistencia pública.
¿Qué es la regla de carga pública?
La “carga pública” es un concepto previsto en la legislación migratoria de Estados Unidos. Permite al gobierno evaluar, en determinadas solicitudes de inmigración, si una persona tiene probabilidades de depender principalmente del gobierno para subsistir.
La nueva regulación amplía los factores que los funcionarios pueden considerar en esa evaluación. Entre ellos pueden estar determinadas prestaciones de salud, asistencia alimentaria y programas de vivienda, además de las circunstancias económicas y familiares del solicitante.
La regla no significa que una persona será rechazada automáticamente por recibir algún beneficio público. Sin embargo, la evaluación agrega más peso a este factor para la decisión de otorgar o no una residencia. El uso o la posibilidad de utilizar ciertos beneficios puede formar parte del análisis que determine si el solicitante podría ser considerado una carga pública.
¿Cómo puede afectar la nueva regla?
Es importante decir que NO se trata de una nueva ley, sino de un factor que puede hacer más riguroso el examen para otorgar un permiso de residencia legal. El cambio puede tener importancia para inmigrantes que buscan convertirse en residentes permanentes, especialmente quienes realizan un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
Con la nueva regla, los funcionarios federales tienen mayor margen de discrecionalidad para considerar la situación financiera de una persona y su posible dependencia de determinados beneficios públicos. Esto puede hacer que el acceso a la residencia permanente sea más complejo para algunos solicitantes.
Para las familias inmigrantes, uno de los efectos que más preocupa a los estados demandantes es que el temor a perjudicar un futuro trámite migratorio pueda llevar a algunas personas a evitar programas públicos importantes, por ejemplo, de salud, para los que sí cumplen los requisitos legales.
22 estados presentaron demanda judicial
La demanda judicial fue presentada por una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia. Los gobiernos estatales sostienen que la regla puede desalentar a inmigrantes y familias de utilizar servicios de salud, alimentación y vivienda que están disponibles legalmente para ellos.
Los estados también argumentan que la regulación concede demasiada discreción o libertad a los funcionarios federales para decidir qué factores económicos deben tener peso en una solicitud de residencia.
Otro de sus argumentos es que la nueva política podría trasladar costos a los propios Estados. Si inmigrantes elegibles dejan de utilizar servicios preventivos de salud o programas de asistencia por temor a consecuencias migratorias, sostienen los demandantes, pueden aumentar posteriormente las necesidades de atención y los costos de los sistemas estatales, por ejemplo en Salud preventiva.
Estos son los 22 estados que demandan
La coalición está integrada por California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
A ellos se suma el Distrito de Columbia. La demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, cuatro días antes de la entrada en vigor de la nueva regla.
Qué responde el gobierno federal
El gobierno federal defiende la modificación como una forma de reforzar el principio de que los inmigrantes deben demostrar capacidad de autosuficiencia y reducir la posibilidad de que quienes buscan la residencia dependan de recursos públicos.
El DHS también sostiene que la regulación anterior limitaba la capacidad de los funcionarios para considerar todos los factores relevantes de la situación de un solicitante. La nueva regla, según el gobierno, permite realizar una evaluación más amplia e individualizada.
La particularidad de este 18 de septiembre es que la nueva política comenzó a regir mientras su legalidad ya es cuestionada ante los tribunales federales. Los 22 estados y el Distrito de Columbia buscan que un juez bloquee la regla y determine que el gobierno federal se excedió en su autoridad al modificar la aplicación del criterio de carga pública.
La regla comienza a aplicarse, pero su futuro dependerá también del proceso judicial iniciado por los estados y de las decisiones que adopten los tribunales.
