La continuidad en la expansión de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos está bajo cuestionamiento por su costo que asciende a miles de millones de dólares. Una nueva auditoría federal encontró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha invertido enormes cantidades de dinero en instalaciones sin evaluar adecuadamente su rentabilidad, sin actualizar sus planes de gasto ni determinar si las nuevas inversiones son un uso eficiente de los recursos públicos.
El informe, publicado el 19 de noviembre de 2026 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), examinó cómo ICE administra los US$45,000 millones asignados para ampliar y mantener la capacidad de detención migratoria mediante la ley presupuestaria conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025.
La conclusión de los auditores es preocupante: la agencia ha avanzado con adquisiciones millonarias sin tener evaluaciones suficientes de costo y efectividad. Entre los casos documentados figuran la compra de 11 bodegas por aproximadamente US$1,070 millones, de las cuales ahora se pretende vender siete, así como la adquisición de cuatro centros de detención existentes, actualmente manejados por firmas privadas, por otros US$2,200 millones.
Compraron 11 bodegas y ahora quieren vender siete
Uno de los hallazgos más llamativos de la auditoría es la adquisición de 11 propiedades industriales que ICE pretendía convertir en grandes centros de detención migratoria, con el riesgo de que fuesen inadecuadas para tal fin.
Las compras se realizaron entre enero y abril de 2026 y representaron un desembolso aproximado de US$1,074 millones. Los inmuebles tuvieron precios individuales de entre US$34.6 millones y US$145.4 millones, sin contar otros US$12.3 millones en gastos de adquisición y debida diligencia.
Sin embargo, el proyecto fue reducido considerablemente y la agencia planea vender siete de esas propiedades.
La investigación encontró que ICE pagó al menos 50% más que el valor imponible establecido por las autoridades estatales o locales en nueve de las 11 propiedades. En siete casos, el precio de compra fue al menos el doble de esa valoración.
Uno de los ejemplos más ilustrativos está en Social Circle, Georgia. ICE pagó aproximadamente US$128.6 millones por una bodega que había sido adquirida por un comprador anterior en 2023 por unos US$29.4 millones.
La GAO advierte que, debido a que seis de las siete propiedades que ICE pretende vender fueron adquiridas por al menos el doble de su valor imponible, existe el riesgo de que su reventa provoque pérdidas económicas para el Gobierno federal.
Los auditores también aclaran que las valoraciones fiscales no necesariamente equivalen al valor comercial de mercado. No obstante, consideran que las diferencias encontradas justifican una revisión más rigurosa de las adquisiciones.
Más de US$1,000 millones para un solo centro
Otro caso señalado es Camp East Montana, un complejo de detención migratoria ubicado en terrenos de Fort Bliss, una instalación militar en Texas.
ICE comprometió más de US$1,000 millones para ese centro entre octubre de 2025 y junio de 2026. Esa cantidad representó aproximadamente 36% de los US$2,900 millones comprometidos para instalaciones de detención durante los primeros nueve meses del año fiscal 2026.
El gasto también genera interrogantes por el diseño de los contratos. Según la GAO, el operador recibía una tarifa mensual fija superior a US$38 millones, sin que el centro funcionara consistentemente cerca de su capacidad máxima.
En una auditoría anterior, publicada en junio de 2026, el organismo ya había señalado problemas de eficiencia en los contratos y millones de dólares en gastos que pudieron evitarse. Entre las recomendaciones figuraba establecer tarifas escalonadas para servicios como alimentación, de manera que los pagos correspondieran mejor con la cantidad de personas detenidas.
Guantánamo: millones de dólares para menos de 30 detenidos
La auditoría también examinó los gastos destinados a mantener operaciones migratorias en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Entre octubre de 2024 y junio de 2026, ICE comprometió aproximadamente US$43 millones para ampliar y operar dos instalaciones. Por su parte, el Departamento de Defensa destinó otros US$68 millones hasta mayo de 2026 para apoyar esas operaciones.
El gasto conjunto superó los US$111 millones, aunque ambas instalaciones registraron una población diaria promedio inferior a 30 personas detenidas durante el período analizado.
La GAO también encontró diferencias entre el propósito anunciado para estas instalaciones y las personas que terminaron siendo recluidas allí. Aunque inicialmente se planteó utilizarlas para inmigrantes considerados de alta peligrosidad, los registros mostraron que entre los detenidos hubo personas sin condenas penales ni cargos pendientes.
El informe señala que ICE tiene previsto continuar utilizando las instalaciones por instrucciones de altos funcionarios y de la Casa Blanca.
Una expansión que también exige mayor supervisión
Las observaciones de la GAO no se limitan a las compras inmobiliarias. El organismo encontró que ICE tampoco ha actualizado oportunamente su plan de gastos para reflejar los cambios en sus proyectos de expansión.
La planificación presupuestaria todavía contenía estimaciones que ya no correspondían con las adquisiciones y operaciones previstas. Esto dificulta la supervisión del dinero comprometido y la evaluación de las necesidades presupuestarias a largo plazo.
También existe una debilidad en la capacidad de supervisión interna. De los 87 puestos asignados al personal encargado de revisar y validar las facturas de las instalaciones de detención, ICE todavía tenía 55 vacantes. Esto ocurre mientras la cantidad de centros y la carga de trabajo aumentaron considerablemente. Para dimensionar la expansión, la auditoría señala que el promedio diario de personas detenidas pasó de 39,314 el 20 de enero de 2025 a 67,180 el 30 de julio de 2026.
Qué recomienda la auditoría
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno formuló dos recomendaciones principales: que ICE actualice su plan de gastos de acuerdo con sus propias directrices internas y que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elabore estimaciones de costos durante todo el ciclo de vida de las instalaciones antes de realizar nuevas inversiones.
Esta exigencia de rendición de cuentas previsiblemente aumentará y se hará aún más estricta cuando la nueva mayoría demócrata entre al Congreso y al Senado de los Estados Unidos.





















