En informe titulado "Agentes de caos y crueldad", la Unión Americana de Libertades Civiles presenta un recuento de abusos, violencia y muertes en la ofensiva migrante de 2025-26, pero propone transformar el sistema. Estos son algunos datos.
Un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) documenta un incremento en las denuncias por abuso de la fuerza durante operativos migratorios, intervenciones en escuelas, hospitales y tribunales, así como casos que afectaron a ciudadanos estadounidenses, menores de edad y personas con estatus migratorios protegidos.
La ACLU, una de las principales y más históricas organizaciones de defensa de derechos humanos en Estados Unidos, concluye que estos hallazgos evidencian la necesidad de una reforma estructural del sistema de control migratorio. La ACLU sostiene que el aumento de las operaciones migratorias en Estados Unidos durante 2025 estuvo acompañado por un crecimiento significativo en las denuncias de abusos y violaciones a derechos civiles.
El documento, titulado Agente de caos y crueldad: Crónica de una Transformación: El Auge de la Fuerza Policial de Deportación Nacional (2025), sostiene que la expansión de las capacidades de detención fue acompañada por cambios administrativos que ampliaron el alcance de las operaciones migratorias y redujeron diversos mecanismos de supervisión y control.
Como ejemplo, el informe presenta el caso de Floridalma Sánchez-Gómez, una solicitante de asilo con permiso de trabajo vigente que fue sometida con una pistola eléctrica durante un operativo derivado de una infracción de tránsito en Florida. Pero para la organización, este caso ejemplifica un patrón que se repite en otras intervenciones documentadas.
Más de 500 incidentes de abuso de fuerza
Uno de los apartados más relevantes del informe reúne cifras sobre el empleo de distintas formas de fuerza por parte de agentes migratorios durante los operativos.
La ACLU documentó un amplio uso de la fuerza por parte de agentes migratorios durante operativos y detenciones. En total, se registraron 375 incidentes que incluyeron desde agresiones físicas y amenazas con armas hasta el uso de gases irritantes, proyectiles de impacto, dispositivos eléctricos y vehículos oficiales para inmovilizar a las personas.
- 241 casos incluyeron el uso de fuerza física.
- 128 incidentes involucraron amenazas de fuerza, incluyendo la exhibición de armas o amenazas verbales.
- 105 casos incluyeron el uso de armas como bastones, pistolas eléctricas (Taser) y granadas aturdidoras.
- 86 incidentes involucraron el uso de agentes químicos irritantes.
- 82 casos registraron el uso de vehículos oficiales para bloquear o impactar automóviles de civiles.
- Las personas fueron empujadas, derribadas o inmovilizadas en 418 ocasiones.
- Los agentes desplegaron 361 veces agentes químicos irritantes, de las cuales 132 fueron dirigidas directamente contra personas.
- Se utilizaron 75 proyectiles de impacto cinético (como balas de goma), incluidos 50 disparos dirigidos directamente contra individuos.
- Se lanzaron 59 granadas aturdidoras (flashbang).
- Se emplearon 33 pistolas eléctricas (Taser).
Escuelas, hospitales y tribunales dejaron de ser espacios protegidos
El informe también señala un incremento de operativos en lugares que anteriormente eran considerados espacios sensibles dentro de las políticas migratorias federales.
La organización documentó 49 incidentes ocurridos en las inmediaciones de escuelas, que derivaron en 40 cierres preventivos (lockdowns). Uno de los casos citados ocurrió en Louisiana, donde agentes realizaron un arresto cuando estudiantes descendían de los autobuses escolares.
En hospitales, el reporte describe casos en los que pacientes permanecieron bajo custodia de agentes migratorios mientras recibían atención médica, incluyendo el de una persona que sufrió un accidente cerebrovascular y permaneció esposada a una cama hospitalaria.
La ACLU también registró 91 incidentes en tribunales, donde personas que acudían a comparecer ante jueces o a cumplir diligencias judiciales fueron detenidas durante o después de sus audiencias.
Ciudadanos estadounidenses también aparecen entre los afectados
Uno de los aspectos más llamativos del informe es que las consecuencias de estos operativos no alcanzaron únicamente a personas en condición migratoria irregular. Hay más 200 incidentes en los que agentes migratorios en Estados Unidos detuvieron, intentaron detener o incurrieron en presunta mala conducta contra personas que, en muchos casos, contaban con ciudadanía, estatus legal, protecciones humanitarias o condiciones de especial vulnerabilidad. Las cifras de afectados hablan por sí solas:
- 155 ciudadanos estadounidenses, incluidos 18 indígenas.
- 30 residentes permanentes o solicitantes de residencia.
- 10 beneficiarios de DACA.
- 84 integrantes de familias de estatus migratorio mixto.
- 81 residentes de larga data, con más de 15 años viviendo en Estados Unidos.
- 117 personas asiladas o solicitantes de asilo.
- 9 sobrevivientes de abuso, delitos o trata que buscaban protección humanitaria.
- 7 beneficiarios o solicitantes de TPS.
- 6 personas con permiso humanitario (parole).
- 2 jóvenes con Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJS).
- 39 personas con discapacidad o necesidades médicas.
- 24 adultos mayores.
- 19 mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- 19 cuidadores de personas con discapacidad o necesidades médicas.
Periodistas y ciudadanos observadores también fueron objeto de incidentes
Otro apartado del informe documenta 53 casos en los que periodistas, observadores legales y líderes religiosos fueron afectados durante operativos migratorios.
La organización considera que estas acciones pueden limitar la supervisión independiente y el registro público de las actuaciones gubernamentales, además de reducir los mecanismos de transparencia durante las operaciones.
- 150 incidentes documentados contra personas que ejercían actividades protegidas por la Primera Enmienda (Libertad de Expresión)
- 80 casos involucraron a observadores comunitarios, observadores legales u otros testigos.
- 71 casos afectaron a manifestantes.
- 24 casos involucraron a periodistas.
- 23 casos afectaron a funcionarios electos o integrantes de su personal.
- 7 casos involucraron a miembros del clero.
Las propuestas para reformar el sistema migratorio
Como respuesta a los hallazgos documentados, la ACLU plantea una serie de reformas dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas y la supervisión de las agencias encargadas del control migratorio.
Entre sus principales recomendaciones se encuentran crear una agencia migratoria independiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), restablecer mecanismos que permitan exigir responsabilidad civil a agentes federales por violaciones de derechos, reducir el uso del programa 287(g), que permite la colaboración entre autoridades federales y policías locales, y limitar la participación de corporaciones estatales y municipales en tareas de control migratorio.
La organización también propone declarar escuelas, parques y otros espacios públicos como zonas protegidas frente a operativos migratorios y ampliar los fondos destinados a la asistencia legal de las personas detenidas.
Aunque las conclusiones corresponden al análisis realizado por la ACLU, el informe reúne cientos de incidentes documentados para sostener que la expansión de las operaciones migratorias durante 2025 estuvo acompañada por un incremento en las denuncias por uso de la violencia y afectaciones a comunidades migrantes, ciudadanos estadounidenses y otros grupos protegidos por la legislación vigente.
