Se hacen llamar Las Madres Unidas: fueron detenidas en marzo a pesar de tener casos en proceso en cortes; fueron liberadas con monitor de tobillo que, según dicen, les dificulta encontrar empleo en Baltimore.
“Se sufre a través de la discriminación, a través del trabajo al tratar de encontrar empleo, pero también socialmente porque una tiene puesto un monitor de tobillo”. Así explicó la migrante guatemalteca Daran Giron las dificultades que ella y otras madres migrantes enfrentan desde que fueron liberadas de la custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos con una tobillera.
Giron junto al grupo de Las Madres Unidas, manifestó pacíficamente el martes 25 de agosto, frente al edificio de Immigration and Customs Enforcement (ICE), en Baltimore, Maryland y trataron de entregar cartas de solicitud para que les retiren los dispositivos electrónicos de monitoreo que llevan colocados desde hace semanas.
Las madres aseguran que estos aparatos les dificultan conseguir trabajo, afectan su vida cotidiana y las exponen a discriminación. No piensan fugarse, dicen, porque tienen casos migratorios pendientes de resolver en cortes.
Una guatemalteca entre Las Madres Unidas
Darán Giron contó relató a noticieros, a través de una traductora, que ella y otras mujeres fueron detenidas en marzo cuando acudieron a controles rutinarios de ICE. Después de permanecer aproximadamente dos meses bajo custodia y ser trasladadas fuera de Maryland, finalmente fueron liberadas, pero quedaron sujetas al uso de monitores de tobillo.
“Básicamente, lo que nos dijeron es que realmente no tienen una razón para ponérnoslo; simplemente nos lo pusieron y dijeron que nos iban a estar monitoreando”, relató Giron.
Las madres llegaron este martes al edificio federal George H. Fallon, en Hopkins Plaza, donde funcionan oficinas de ICE en Baltimore. Acompañadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, intentaron entregar cartas en las que explicaban su situación y solicitaban el retiro de los monitores.
Sin embargo, según las manifestantes, los funcionarios no recibieron los documentos. El personal les indicó que la oficina estaba cerrada, aunque las mujeres sostenían que debía permanecer abierta hasta las 4 de la tarde.
Los organizadores aseguran que las madres no piensan abandonar su objetivo. Anthony Reina, uno de los activistas que las acompaña, afirmó que las mujeres consideran que los dispositivos han provocado una situación “insoportable” por el impacto mental, físico y económico que les generan. “No quieren dejar de luchar hasta que les retiren estos monitores”, señaló Reina.
Detención y procesos de asilo
Las mujeres sostienen que no tienen antecedentes criminales y que varias cuentan con solicitudes de asilo activas mientras esperan sus audiencias ante una corte migratoria. Organizadores de la protesta señalaron además que fueron liberadas después de que un juez concediera sus peticiones de habeas corpus, mediante las cuales se cuestionaba la continuidad de su detención.
En mayo último, las madres también denunciaron las condiciones en las que permanecieron detenidas. Según su relato, fueron recluidas en un espacio pequeño, con dificultades para dormir y sin suficientes productos o condiciones de higiene. Algunas fueron separadas de sus hijos.
Una de las participantes resumió el reclamo al señalar que llevan alrededor de 90 días con los monitores y que éstos provocan discriminación social, ya que no son delincuentes ni tienen antecedentes criminales.
ICE justifica el uso de los dispositivos
En una declaración a medios locales, ICE sostuvo que las personas sometidas a procesos migratorios pueden quedar sujetas a condiciones de liberación que incluyen dispositivos de monitoreo en el tobillo o la muñeca.
La agencia describió el programa como “una herramienta de supervisión destinada a garantizar que las personas cumplan con sus procedimientos de expulsión”.
Las manifestantes, sin embargo, cuestionan que se mantenga el monitoreo cuando tienen procesos migratorios pendientes y aseguran que sus consecuencias afectan directamente su posibilidad de reconstruir sus vidas.
El reclamo ocurre en medio de una mayor presión migratoria
La protesta se produjo mientras Maryland y Virginia viven un incremento de las operaciones de control migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional informó que una operación reforzada de ICE entre el 1 y el 14 de agosto terminó con 1,328 detenciones en ambos estados.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, cuestionó las tácticas utilizadas durante esos operativos y afirmó que el despliegue de agentes puede generar temor y debilitar la confianza entre las comunidades y las autoridades, lo cual a su vez tiene un impacto económico.
Durante la manifestación en Baltimore, la concejal municipal Odette Ramos también expresó su respaldo a las mujeres y señaló que, como primera persona hispana electa al Concejo Municipal de la ciudad, considera necesario elevar sus voces.
