Un informe publicado el 31 de julio de 2026 por el personal del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos describe, a partir de entrevistas con personas detenidas, deficiencias de atención médica, alimentación, educación, salud mental y acceso a abogados en el centro de detención familiar de Dilley, Texas.
El documento también cuestiona la detención prolongada de niños y las restricciones impuestas por ICE a la supervisión del Congreso. Estas situaciones no son nuevas, pues ya existen varias denuncias e incluso protestas de familias recluidas allí. En mayo, un equipo de congresistas visitó el lugar debido a las quejas.
Testimonios de familias detenidas
El informe, titulado What Is It Really Like to Be in ICE Detention? Exclusive Insights from the Dilley Immigration Processing Center, se basa en una visita realizada el 7 de abril de 2026 al South Texas Family Residential Center, operado por CoreCivic para ICE.
El personal del Senado entrevistó a unas 20 unidades familiares y alrededor de 40 mujeres adultas. El centro tiene capacidad para aproximadamente 2,400 personas y, el día de la visita, albergaba 330 detenidos.
Aunque funcionarios del centro señalaron que la permanencia promedio de las familias era de unos 20 días, algunas personas entrevistadas llevaban meses detenidas. Una familia había permanecido más de 10 meses.
Problemas de salud y alimentación
La atención médica aparece como una de las principales preocupaciones. Los testimonios incluyen casos de niños y adultos que, según sus relatos, esperaron días para recibir atención o no obtuvieron los tratamientos que consideraban necesarios.
El documento también recoge denuncias sobre alimentos difíciles de consumir, problemas con el agua y gastos elevados para comprar productos básicos dentro del centro, que tiene por nombre Centro residencial familiar del Sur de Texas, el cual distrae de su verdadero objetivo: tener encerradas a familias migrantes durante semanas o meses.
Impacto en los niños
El informe describe problemas de sueño, pesadillas y otros efectos emocionales entre menores detenidos. También cuestiona el acceso a la educación: algunos niños dijeron que no asistían regularmente a clases o que las actividades no correspondían con su edad.
El documento destaca que prácticamente todas las familias entrevistadas habían superado los 20 días de detención. Cita datos presentados en julio bajo el acuerdo Flores: 567 niños habían permanecido más de 20 días en Dilley y 80 habían superado los 90 días.
Congresistas encuentran una realidad distinta
Durante otra visita oficial de supervisión, los representantes Joaquin Castro, Henry Cuellar, Sylvia García, Adelita Grijalva, Christian Menefee, Mark Takano y Chellie Pingree hablaron con más de 60 personas detenidas.
Pingree relató el caso de Olivia Andre, una solicitante de asilo de 19 años que llevaba casi seis meses detenida. Sufría dolores de cabeza, dormía poco, sentía frío pese a las altas temperaturas de Texas y había perdido unos 9 kilos.
Su madre y sus hermanos, de 16 y 14 años, fueron liberados en marzo bajo las protecciones del acuerdo Flores, pero Olivia permaneció detenida por ser mayor de edad. Un día después de la visita, un juez federal ordenó su liberación y el 8 de mayo regresó a Maine.
Pingree afirmó que los congresistas encontraron instalaciones presentadas como limpias y adecuadas, pero que los testimonios de los detenidos describieron habitaciones compartidas por 10 o 12 personas, falta de privacidad, frío, luces encendidas durante la noche, ansiedad y problemas de salud.
También dijo que algunos detenidos habían sido presionados para aceptar US$2,500 a cambio de autodeportarse.
Obstáculos para recuperar la libertad
El informe del Senado cuestiona las dificultades para obtener audiencias de fianza o la libertad mientras continúan los procesos migratorios. También recoge problemas para comunicarse con familiares, acceso limitado a internet y recursos legales y falta de representación jurídica.
El personal del Senado afirma además que ICE limitó a dos horas su visita, pese a que estas inspecciones suelen durar entre cuatro y ocho horas, lo que, según el informe, dificultó entrevistas privadas.
El documento concluye que la detención prolongada puede generar consecuencias físicas y psicológicas especialmente graves en los niños y reclama el cumplimiento de las protecciones del acuerdo Flores.
