La guatemalteca Olga Pérez contribuyó como traductora voluntaria de idioma mam en Florida por dos décadas. Eso no evitó que juez ordenara su deportación, al igual que la de su esposo. Sus hijos viven en incertidumbre sobre su destino.
Durante más de 20 años, la guatemalteca maya mam Olga Pérez, originaria de Colotenango, Huehuetenango, ayudó a médicos, maestros, policías, jueces y trabajadores sociales de Florida a comunicarse con migrantes indígenas que solo hablaban en idioma mam.
Pero fue detenida días antes del Día de Acción de Gracias de 2025 cuando conducía el camión de la empresa de jardinería que fundó junto a su esposo, quien fue detenido meses antes. Ahora tras seis meses de detención, diez audiencias aplazadas y múltiples testimonios de sus hijos, nacidos en Estados Unidos, suplicando que le permitan quedarse, el juez migratorio Benjamin S. Kuipers de Arizona no tuvo ninguna consideración y ordenó que sea deportada.
Eso dejaría separados a cuatro hermanos ciudadanos estadounidenses de sus padres guatemaltecos.
La resolución judicial fue emitida el pasado 3 de junio y llegó apenas dos meses después de que el esposo de Pérez también recibiera una orden de deportación. Mientras él ya regresó a Guatemala, Olga permanece detenida y sus hijos en angustia.
“Si tu eres un peligro a la sociedad debe haber consecuencias, pero Olga no lo es, ella es una persona que respeta la ley, que ha contribuido a su comunidad”, dijo Mariana Blanco, directora del Centro Maya Guatemalteco en Lake Worth Florida.
Huyó de la guerra y llegó a trabajar
Olga Pérez nació en Colotenango, en el departamento de Huehuetenango. Llegó a Estados Unidos en 1997, cuando tenía 18 años, huyendo de las secuelas de la violencia que golpeó a numerosas comunidades indígenas durante el conflicto armado interno de Guatemala.
Se dedicó a trabajar en Florida, donde formó una familia y se convirtió en una de las pocas intérpretes del idioma mam disponibles en la región. Su labor fue requerida por hospitales, escuelas, clínicas de salud, departamentos policiales, tribunales y organizaciones comunitarias que necesitaban comunicarse con migrantes indígenas recién llegados.
Además, colaboró en programas de distribución de alimentos para familias necesitadas y coordinó grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. No ha tenido nunca ningún antecedentes criminales. Sus hijos la necesitan, pues tienen entre 11 y 21 años. Su hija mayor estaba por entrar a la Universidad.
Familia separada por intolerancia antimigrante
La crisis comenzó en septiembre de 2025, cuando el esposo de Olga fue detenido mientras realizaba trabajos de jardinería en Lake Worth Beach. Dos meses después, Olga también fue arrestada cuando se dirigía a trabajar en uno de los vehículos de la empresa familiar. Según organizaciones comunitarias, una de sus hijas, ciudadana estadounidense y con licencia válida, conducía el automóvil cuando fueron interceptados por agentes. Estas políticas antimigrantes y casi racistas se incrementaron bajo la orden del gobernador Ron de Santis.
Olga viajaba como pasajera y fue detenida frente a dos de sus hijos. Desde entonces fue trasladada al Centro de Detención Eloy, en Arizona, donde permaneció durante meses, sin derecho a fianza a pesar de no tener ningún antecedente.
Las audiencias fueron suspendidas repetidamente. En total, diez veces. Durante ese tiempo, sus hijos acudieron a las comparecencias y declararon ante el juez para intentar evitar la separación familiar. Pero el juez no tuvo compasión.
Agonía familiar y malos tratos en cárcel
Mientras ambos padres permanecían fuera del hogar, la responsabilidad de sostener a la familia recayó sobre Eliza Pérez, la hija mayor. La joven, de 21 años, renunció a sus planes de asistir a Palm Beach State College y dejó atrás una beca que había obtenido para hacerse cargo del negocio familiar de jardinería.
Actualmente administra la empresa, paga la renta, cubre los gastos del hogar y ayuda a cuidar a sus hermanos Jessica, de 18 años; Romeo, de 15; y Cynthia, de 13. Las dificultades económicas se sumaron al impacto emocional provocado por la incertidumbre de no saber si volverían a vivir con sus padres.
“Ella me dijo antes que ese lugar no es bueno para ella. La tratan mal, la tratan horrible. Solo quiero que salga de ahí”, expresó su hijo Romeo Pérez durante una de las audiencias relacionadas con el caso de su madre. Jessica Pérez también describió el desgaste emocional que provocaban los constantes aplazamientos judiciales.
“Crueldad de la corte” señalan
Durante todo el proceso, la familia ha contado con el respaldo del Guatemalan-Maya Center, una organización comunitaria con sede en Lake Worth Beach que brinda asistencia a migrantes indígenas guatemaltecos y de otras comunidades latinoamericanas.
La directora de la entidad, Mariana Blanco, ha acompañado públicamente el caso y ha denunciado el impacto que la separación tendrá tanto para la familia como para la comunidad que durante años recibió apoyo de Olga Pérez. “La deportación de Olga es devastadora. No solo para sus cuatro hijos estadounidenses, que ahora quedan huérfanos por la crueldad de la corte, sino para muchas agencias en Florida que dependían de su ayuda para brindar servicios accesibles”, afirmó Blanco.
La orden de deportación puede ser apelada hasta el 6 de julio.
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