Obispos de Estados Unidos piden al Congreso limitar fondos para deportaciones, reforzar protección a familias migrantes y emprender una transformación del sistema migratorio.
“Dadas las circunstancias y la financiación sin precedentes para la aplicación de las leyes migratorias y la detención proporcionada por la legislación aprobada el año pasado, pedimos nuevamente al Congreso que limite cualquier aumento adicional de fondos para estos propósitos”.
Con esa petición, el obispo Brendan J. Cahill, secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y presidente de su Comité de Migración, intervino a través de una carta dirigida a Congresistas estadounidenses en uno de los debates más importantes que enfrenta actualmente Washington: cómo distribuir los recursos federales destinados a la política migratoria durante el año fiscal 2027.
No es el primer mensaje episcopal de su tipo. Pero esta carta fue enviada a los líderes republicanos y demócratas de los comités de asignaciones presupuestarias del Senado y la Cámara de Representantes, en momentos en que el Congreso evalúa solicitudes de financiamiento relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
A lo largo del documento, los obispos piden reforzar programas para refugiados, beneficiarios de DACA, menores migrantes y víctimas de trata, al tiempo que expresan preocupación por la expansión de las capacidades de detención y deportación.
Rechazo a retóricas deshumanizantes
Cahill inicia la carta recordando que detrás de las estadísticas y los debates políticos existen personas y familias cuyas vidas son afectadas por las decisiones gubernamentales. “La migración es fundamentalmente acerca del movimiento de personas humanas”, escribió el obispo.
Pero esta realidad suele quedar relegada en las discusiones públicas sobre inmigración: “Con demasiada frecuencia, esta realidad es ignorada o descartada por completo, dando lugar a retóricas deshumanizantes y respuestas políticas que no promueven el bien común”, afirmó.
La carta sostiene que las políticas migratorias deben equilibrar la aplicación de la ley con el respeto a la dignidad humana y la protección de las poblaciones más vulnerables.
Trabajadores enfrentan incertidumbre migratoria
Uno de los primeros llamados de los obispos se refiere a los trabajadores religiosos extranjeros que sirven en comunidades estadounidenses. Cahill solicitó que el Congreso otorgue una autorización permanente al programa de visas para trabajadores religiosos no ordenados y apruebe la Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa.
La carta advierte que la incertidumbre actual afecta directamente a congregaciones e instituciones religiosas. “Sacerdotes, hermanas religiosas y otros están siendo obligados a abandonar sus ministerios a pesar de tener una base legal válida para permanecer”, señala el documento.
Restricciones migratorias separan familias
Los obispos expresan preocupación por las restricciones migratorias basadas en nacionalidad que afectan a ciudadanos de decenas de países. Según la carta, estas medidas “mantienen injustamente separadas a familias” y colocan a muchas personas en riesgo de perder su estatus migratorio pese a sus esfuerzos por cumplir con la ley.
El documento pide fortalecer los mecanismos de supervisión dentro del DHS para garantizar transparencia, protección de derechos civiles y confianza pública en el sistema migratorio.
Preocupación por los retrasos que afectan a los Dreamers
La situación de los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, ocupa una parte importante de la carta.
Los obispos advierten que los retrasos en la renovación de permisos están provocando que algunos beneficiarios pierdan autorización para trabajar o acumulen presencia irregular aun cuando presentaron sus solicitudes con suficiente anticipación.
“Algunos beneficiarios de DACA están perdiendo sus permisos de trabajo y acumulando presencia ilegal debido a demoras excesivas en el procesamiento”, señala el documento.
Cahill pidió al Congreso impulsar una solución legislativa permanente para los Dreamers y exigir respuestas sobre los retrasos administrativos.
Defensa de refugiados y menores migrantes
La carta agradece que la administración federal retirara una propuesta que contemplaba reducciones significativas en los programas de asistencia para refugiados y otras poblaciones humanitarias.
Los obispos solicitaron mantener los fondos destinados a refugiados, asilados, víctimas de trata y otros grupos vulnerables al menos en los niveles aprobados para 2026.
Según el documento, estos programas permiten a miles de personas “reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad económica” después de haber sufrido persecución, violencia o desplazamiento forzado.
La Conferencia de Obispos también respaldó la ampliación de servicios para menores migrantes no acompañados, incluidos programas de asistencia legal y seguimiento posterior a su liberación.
“Profundamente preocupados” por las restricciones a refugiados
Uno de los pasajes más contundentes de la carta se refiere al sistema estadounidense de reasentamiento de refugiados.
“Estamos profundamente preocupados por la manera en que las restricciones actuales impiden que los refugiados más vulnerables sean reasentados en Estados Unidos”, escribió Cahill.
Los obispos destacaron especialmente la situación de personas perseguidas por motivos religiosos y solicitaron preservar los programas de reasentamiento y renovar la Enmienda Lautenberg, utilizada durante décadas para proteger a minorías religiosas perseguidas.
Asimismo, pidieron mantener una sólida financiación para programas internacionales de ayuda humanitaria destinados a atender las causas que impulsan la migración forzada.
“Nos oponemos a la deportación masiva indiscriminada”
La sección dedicada a las deportaciones contiene algunas de las declaraciones más fuertes de todo el documento.
“Nos oponemos a la deportación masiva indiscriminada de personas”, recuerda la carta al citar una posición previamente adoptada por los obispos estadounidenses. El Comité de Migración afirma que las medidas recientes han incrementado las preocupaciones relacionadas con el debido proceso, la separación familiar y posibles prácticas discriminatorias.
Por ello, los obispos piden al Congreso evitar nuevas expansiones presupuestarias destinadas a detención y deportación. “Dadas estas circunstancias y la financiación sin precedentes para la aplicación de las leyes migratorias y la detención proporcionada por la legislación aprobada el año pasado, pedimos nuevamente al Congreso que limite cualquier aumento adicional de fondos para estos propósitos”, señala la carta.
Críticas al regreso de la detención familiar
Los obispos también rechazaron la posibilidad de ampliar el uso de centros de detención familiar.
La carta cita declaraciones previas de Cahill sobre este tema:
“La idea de mantener a miles de familias en enormes almacenes debería desafiar la conciencia de cada estadounidense”.
El documento solicita fortalecer la supervisión de cualquier instalación destinada a familias migrantes y favorecer alternativas comunitarias.
Iglesias, asistencia religiosa y representación legal
La Conferencia de Obispos pidió que las operaciones migratorias respeten iglesias y otros lugares sensibles donde las personas buscan apoyo espiritual o comunitario.
También solicitó garantizar acceso continuo a servicios religiosos para las personas detenidas y restaurar programas federales de orientación legal para inmigrantes.
Según la carta, estos programas contribuyen a procesos más justos y ayudan a combatir fraudes cometidos por falsos asesores migratorios.
Más recursos contra la trata y la explotación laboral
En la parte final del documento, los obispos instan al Congreso a aumentar los recursos destinados a combatir la trata de personas, el trabajo infantil y otras formas de explotación laboral.
La carta respalda mayores fondos para las agencias encargadas de supervisar condiciones de trabajo y proteger a poblaciones vulnerables tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Al concluir, Cahill recuerda el principio que guía la posición de la Iglesia en materia migratoria: “cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios”. A partir de esa convicción, los obispos instan al Congreso a que las decisiones presupuestarias sobre inmigración combinen seguridad, legalidad y protección de los derechos fundamentales de las personas.
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