"¡No al golpe! ¡No a la corrupción!" dijo el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo al denunciar un intento de golpe de Estado por el cual señaló a la Fiscal Genera Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana.
El presidente Arévalo de León denunció la noche del domingo 26 de octubre, en cadena nacional, junto a su gabinete, la existencia un plan para desestabilizar su Gobierno mediante un “golpe de Estado”. Señaló a la Fiscal General Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana.
El Ministerio Público negó el señalamiento, al igual que en ocasiones anteriores. Sin embargo Arévalo invocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos para evitar este intento y pidió a la ciudadanía rechazar cualquier intento de ruptura democrática.
Desde 2023, diversos sectores nacionales, incluyendo a los migrantes guatemaltecos, han rechazado el asedio a la democracia y han solicitado el respeto a la voluntad popular.
¿Qué está ocurriendo?
Arévalo denunció que el juez penal Fredy Orellana, junto al Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, sancionados internacionalmente por la Unión Europea y Estados Unidos, están coordinando maniobras para anular los resultados electorales de 2023 y sacarlo de la presidencia.
En cadena nacional, acompañado por su gabinete y los diputados electos de su partido Movimiento Semilla, actualmente suspendido por un proceso emprendido desde 2023 por el Ministerio Público y ejecutado por el Juez Orellana, Arévalo llamó a “defender la democracia sin titubeos”.
Según el mandatario, Orellana dictaminó que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) suspendiera al Movimiento Semilla —aun cuando ese tribunal carece de competencia para tal cancelación— y que se declarara nula la presidencia de Arévalo.
El presidente solicitó a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que garantice los resultados de las elecciones de 2023, y exigió al sistema judicial la destitución inmediata de Orellana.
Medios guatemaltecos confirman que el 26 de octubre la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 12 horas al Ejecutivo y al Congreso para informar sobre el cumplimiento del amparo que protegió los resultados electorales de 2023.
El viernes 24 de octubre, el juez Orellana dio la instrucción de “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, con un plazo extremadamente breve para que el Registro de Ciudadanos cumpliera.
Arévalo pidió durante la conferencia, a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) la destitución del juez Orellana por considerar que su conducta “constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”. El presidente en el que calificó a Porras y Orellana como “enemigos del país”.
¿Por qué se califica como intento de golpe de Estado?
El Gobierno de Guatemala afirma que la presidencia electa y la voluntad popular de 2023 están siendo atacadas desde instituciones clave del Estado (juez penal, fiscalía) que, según el Gobierno, actúan para anular la elección, lo cual es improcedente porque los resultados fueron oficializados.
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea, ya habían advertido de la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala, lo que coincide con lo que denuncia el presidente.
Implicaciones para Guatemala
Si se consumara la anulación de la elección presidencial -que no procede debido a que los resultados fueron legitimados en 2023 y avalados por la Corte Constitucional- Guatemala enfrentaría una crisis institucional profunda, con pérdida de legitimidad democrática y posible aislamiento internacional.
Las sanciones internacionales contra Porras y otros funcionarios ya existentes sugieren que la comunidad global vigila la situación y podría reaccionar ante un intento de quiebre institucional.
Para la población guatemalteca hay un riesgo real si se llegara a concretar un golpe de este tipo: erosión del derecho al voto, debilitamiento del Estado de derecho, aumento de la impunidad y captura del Estado, las cuales han sido parte de las causas del incremento de la migracio´n forzada.
Qué sigue: próximos pasos y retos
El presidente Arévalo convocó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una sesión extraordinaria y denunciar lo que considera una violación constitucional.
La Corte de Constitucionalidad deberá pronunciarse sobre la tutela de los resultados electorales y la competencia del juez Orellana.
El Gobierno a su vez debe mantener la gobernabilidad y avanzar en su agenda anticorrupción sin caer en decisiones que puedan estar fuera del marco legal y legitimar las acusaciones en su contra.
Exigencia constante de guatemaltecos desde Estados Unidos
