Ante denuncias de abusos, violencia y agresiones de agentes enmascarados de ICE, varios Estados han emitido leyes contra el uso de rostros cubiertos, para garantizar rendición de cuentas.
Cada vez más estados de Estados Unidos están impulsando leyes para limitar el uso de máscaras por parte de agentes federales de inmigración y exigir que se identifiquen de forma visible durante los operativos, en respuesta a las crecientes críticas por la falta de transparencia y la confusión que generan estas intervenciones, incluyendo incidentes de violencia y tiroteos mortales recientes.
La tendencia surge después de casi un año y medio de la agresiva política migratoria del segundo gobierno del presidente Donald Trump, caracterizada por un incremento de operativos realizados por agentes vestidos de civil y con el rostro cubierto. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen además que esta práctica dificulta distinguir a funcionarios federales de posibles delincuentes o falsificadores.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha defendido el uso de mascarillas argumentando que buscan proteger a los agentes del llamado doxxing o doxeo es decir, la divulgación maliciosa de su información personal. Sin embargo, defensores de derechos migrantes señalan que este virtual anonimato se presta a abusos.
California abrió el camino
California fue el primer estado en adoptar medidas de este tipo al aprobar en septiembre de 2025 dos leyes conocidas como No Vigilantes Act y No Secret Police Act.
Estas normas prohíben que los agentes migratorios oculten su rostro durante los operativos y les obligan a portar de manera visible información que permita identificarlos, como el nombre de la agencia, su nombre o número de placa.
Siete estados siguieron el ejemplo
Durante 2026, otros siete estados aprobaron legislación similar. El objetivo común es aumentar la transparencia de las operaciones migratorias y fortalecer la rendición de cuentas, sobre todo porque en ocasiones se ha arrestado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales sin antecedentes.
También se busca evitar que personas ajenas a la autoridad, con tendencias de prejuicio racial, intenten hacerse pasar por agentes federales. Las nuevas regulaciones han provocado una respuesta inmediata del gobierno federal.
- California: aprobó las leyes No Vigilantes Act y No Secret Police Act, que prohíben a los agentes federales cubrirse el rostro durante operativos y les exigen portar identificación visible, como el nombre de la agencia, su nombre o número de placa.
- Washington: aprobó una legislación similar que exige que los agentes de inmigración sean plenamente identificables durante sus intervenciones y restringe el uso de mascarillas que oculten su identidad.
- Oregón: adoptó medidas equivalentes para obligar a los agentes federales a mostrar identificación visible y limitar el uso de cubiertas faciales durante los operativos migratorios.
- Maryland: aprobó una ley que exige que los agentes federales de inmigración se identifiquen claramente mediante insignias o credenciales visibles y restringe el uso de máscaras durante las operaciones.
- Nueva Jersey: estableció requisitos para que los agentes de inmigración exhiban de forma visible su identificación oficial y limitó el uso de cubiertas faciales que impidan reconocerlos.
- Connecticut: aprobó normas que obligan a los agentes a portar identificación visible durante los operativos y limitan el uso de máscaras, salvo en circunstancias específicas previstas por la ley.
- Virginia: adoptó requisitos de identificación para los agentes migratorios y restricciones al uso de mascarillas durante acciones de cumplimiento migratorio.
- Nueva York: aprobó una legislación similar para exigir que los agentes federales sean identificables mediante insignias o credenciales visibles y limitar el uso de cubiertas faciales durante los operativos.
Las leyes enfrentan desafíos judiciales
Las nuevas regulaciones han provocado una respuesta inmediata del gobierno federal. Tribunales federales suspendieron temporalmente partes importantes de la legislación de California mediante resoluciones emitidas por la Corte de Distrito Central de California y posteriormente por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas contra Nueva Jersey, Connecticut, Virginia y Nueva York para intentar invalidar sus nuevas regulaciones.
También buscan proteger los datos personales
La regulación de los agentes enmascarados forma parte de un paquete más amplio de iniciativas estatales destinadas a proteger a las comunidades inmigrantes.
Varios estados aprobaron leyes para limitar el acceso a información personal que pudiera ser utilizada en operativos migratorios.
- Washington: restringe el uso de lectores automáticos de placas vehiculares para fines de control migratorio.
- Maryland: prohíbe vender datos personales a entidades involucradas en la aplicación de leyes migratorias civiles.
- Oregón: limita la entrega de información personal a intermediarios de datos que puedan transferirla para fines migratorios.
Limitan cooperación con ICE
Otros estados también aprobaron restricciones para limitar la colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- Maryland: prohibió nuevos acuerdos de cooperación con autoridades migratorias federales.
- Virginia: impuso requisitos estrictos antes de autorizar ese tipo de convenios.
- Nuevo México: prohibió contratos de detención con ICE, canceló acuerdos conocidos como 287(g) y bloqueó el uso de terrenos públicos para centros de detención migratoria.
Al igual que las leyes sobre agentes enmascarados, varias de estas disposiciones también enfrentan demandas judiciales.
Mayor supervisión de los operativos
Aunque algunos proyectos aún no han sido aprobados, legislaturas estatales también han debatido iniciativas para permitir que personas afectadas puedan demandar a funcionarios por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales durante operativos migratorios, o exigir investigaciones rigurosas como en el caso del emprendedor mexicano Lorenzo Salgado, ultimado a tiros por agentes migratorios.
En conjunto, estas medidas reflejan una estrategia cada vez más amplia de varios estados para aumentar la supervisión sobre las acciones del gobierno federal en materia migratoria y ofrecer mayores garantías a las comunidades inmigrantes frente a las políticas de deportación.
