Barreras, demoras y endurecimento de criterios para aprobar procesos de naturalización de migrantes en Estados Unidos, derrumba la cantidad de nuevos ciudadanos por año, en la actual administraicón.
La administración de Donald Trump sostiene que la inmigración debe ajustarse a las leyes y los procedimientos establecidos en Estados Unidos. Sin embargo, las medidas que dificultan el acceso a la ciudadanía de inmigrantes que ya residen legalmente en el país plantean una contradicción: se exige seguir las vías legales mientras se endurecen y ralentizan los procedimientos que permiten avanzar por ellas.
Esa es una de las conclusiones que se desprenden del informe Closing the Gate: Decline in Naturalization Under Trump (Cerrando la puerta: descenso de la naturalización bajo Trump), publicado el 28 de octubre de 2026 por el Centro para el Conocimiento de los Vecindarios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Sus autores, Paul Ong y Jonathan Ong, analizaron las cifras de naturalización y los cambios registrados en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El estudio documenta una caída de 83% en las aprobaciones mensuales de ciudadanía entre abril de 2025, cuando se registró un máximo superior a 88,000, y agosto de 2026, el mes más reciente con datos disponibles en el análisis, cuando fueron menos de 16,000.
La reducción no se limita a las aprobaciones. El tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes pasó de aproximadamente seis meses a un año entre principios de 2024 y julio-agosto de 2026. Durante ese mismo período, la cantidad de expedientes pendientes casi se duplicó.
Más requisitos y demoras
Los investigadores atribuyen el descenso a una combinación de medidas administrativas que han aumentado las exigencias para obtener la ciudadanía estadounidense.
Entre ellas figuran la introducción de una nueva prueba de conocimientos cívicos y una evaluación más rigurosa del requisito de buena conducta moral. Esta última, señalan los autores, carece de criterios suficientemente específicos, lo que amplía el margen de interpretación de los funcionarios y podría perjudicar de manera desproporcionada a solicitantes con menos recursos socioeconómicos.
El informe también menciona demoras en las entrevistas y cancelaciones de ceremonias de juramentación, el acto final mediante el cual los solicitantes aprobados adquieren la ciudadanía.
El endurecimiento de los criterios de evaluación de la conducta moral fue formalizado por USCIS en un memorando del 15 de agosto de 2025. La agencia indicó que los funcionarios debían considerar una evaluación integral del comportamiento y de las contribuciones positivas de los solicitantes, además de la ausencia de conductas que los descalifiquen. Consultar el memorando oficial de USCIS.
El efecto acumulado de estos cambios, junto con las demoras administrativas, dificulta que los residentes permanentes completen un procedimiento que constituye una de las principales vías legales para adquirir la ciudadanía para ser personas aún más productivas en el país.
Una caída que afecta a todo el país
El descenso de las naturalizaciones se registró en prácticamente todo Estados Unidos, aunque con diferencias importantes entre estados y oficinas migratorias.
Al comparar el tercer trimestre de 2025 con el mismo período de 2026, los investigadores encontraron una reducción nacional de 76% en las aprobaciones. California registró una caída de 85%, mientras que Maryland, Luisiana, Minnesota y Nuevo México estuvieron entre los estados con mayores descensos proporcionales.
En San José, California, las aprobaciones disminuyeron 96%, la mayor caída relativa entre las oficinas analizadas. Otras localidades californianas, como Fresno, Los Ángeles y San Francisco, también registraron reducciones pronunciadas.
Los autores señalan que las variaciones geográficas no permiten identificar por sí solas todos los factores que explican las diferencias, pero consideran que los datos muestran que las medidas de la administración tuvieron un alcance prácticamente nacional.
Ciudadanía y derecho al voto
Las consecuencias no se limitan al estatus migratorio. La naturalización también permite a los inmigrantes que cumplen los requisitos ejercer derechos políticos reservados a los ciudadanos, incluido el voto en las elecciones federales.
El estudio estima que más de medio millón de inmigrantes podrían haberse naturalizado y registrado para votar de no haberse aplicado las restricciones mencionadas, con lo cual quedaron fuera de esa posibilidad en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 y quién sabe cuánto tiempo más.
Los investigadores relacionan esta consecuencia con el contexto electoral, aunque su informe no demuestra por sí solo que la reducción de las naturalizaciones responda a una intención electoral específica. También señalan que las advertencias y las acciones gubernamentales relacionadas con posibles irregularidades en el registro de votantes pueden generar temor entre inmigrantes que reúnen los requisitos legales para participar.
El documento cita como ejemplo las sospechas difundidas sobre miles de votantes registrados en Los Ángeles que supuestamente no serían ciudadanos estadounidenses. Según una referencia incluida en el estudio, hasta el momento de su publicación se habían presentado cargos contra 28 personas en California por presuntas infracciones electorales relacionadas con el registro o el voto.
Los autores advierten que la combinación de nuevas exigencias, expedientes acumulados y procedimientos más lentos podría desalentar a otros residentes permanentes que, de otra manera, considerarían solicitar la ciudadanía.
Residentes legales en un prolongado limbo
El informe concluye que, si las tendencias continúan, aumentará la cantidad de solicitudes pendientes y más personas podrían renunciar a iniciar el trámite. El resultado sería una población de residentes legales que permanece en Estados Unidos, pero sin acceso a todos los derechos políticos de la ciudadanía.
La contradicción señalada por los datos es concreta: el cumplimiento de los procedimientos legales no garantiza que estos puedan completarse en los mismos plazos ni bajo las mismas condiciones de antes. Para quienes han cumplido los requisitos de residencia y buscan naturalizarse, las nuevas barreras pueden prolongar la espera e impedir su incorporación plena a la vida cívica.
El informe no sostiene que todos los solicitantes tengan derecho automático a obtener la ciudadanía ni que deban eliminarse los requisitos legales. Su hallazgo central es que el acceso efectivo a la naturalización se ha reducido drásticamente durante el segundo mandato de Trump.
Fuente: Paul Ong y Jonathan Ong, Closing the Gate: Decline in Naturalization Under Trump, UCLA Center for Neighborhood Knowledge, 28 de octubre de 2026. Página de investigación migratoria de UCLA.
