Migrantes en proceso de asilo o de trámites de residencia legal, a menudo con muchos años de vivir en Estados Unidos, con familia, impuestos pagados y sin antecedentes acudían a citas migratorias, cumpliendo su proceso... pero ICE los arrestaba. Esa práctica queda eliminada.
Un juez federal de Nueva York prohibió a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos dentro de las instalaciones, a la salida o en las proximidades de las cortes de inmigración, poniendo fin a una práctica que comenzó a mediados de mayo de 2025 y se extendió durante más de 500 días.
El juez P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la política adoptada por ICE en enero de 2025 y formalizada posteriormente en mayo fue arbitraria y contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta decisión tiene alcance nacional y restablece las restricciones que habían regido desde 2021.
La ACLU informó sobre la decisión y destacó que el caso adquirió especial relevancia porque, en marzo de 2026, el propio Gobierno reconoció ante el tribunal que un memorando de ICE del 27 de mayo de 2025 que había utilizado para defender los arrestos no autorizaba y nunca había autorizado arrestos en las cortes de inmigración.
La ACLU, que participó en la demanda, celebró el fallo. “Las personas no deberían ser arrestadas por hacer exactamente lo que el sistema legal les exige”, afirmó Oscar Sarabia Roman, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización. La ACLU sostuvo que una persona debe poder acudir a su audiencia migratoria sin que cumplir esa obligación se convierta en una oportunidad para detenerla.
El American Immigration Council había documentado los arrestos en las cortes y señaló que ICE comenzó a efectuarlos a mediados de mayo de 2025. La organización cuestionó que personas que acudían voluntariamente a sus audiencias pudieran ser detenidas y posteriormente trasladadas a procesos de deportación acelerada, con menos protecciones procesales.
Interpretación forzada de la lay
ICE en efecto tiene autoridad legal para detener a personas por determinadas violaciones migratorias, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y sus reglamentos. La controversia no era si ICE podía arrestar inmigrantes: era si podía eliminar mediante una directriz administrativa las restricciones especiales que durante años habían limitado esos arrestos en las cortes, a las cuales se supone que las personas van para seguir los procedimientos de ley.
La política de 2021 permitía esas acciones solo en circunstancias excepcionales, como evidentes amenazas a la seguridad pública o nacional. La nueva política eliminó esas restricciones y permitió a los agentes actuar cuando tuvieran información de que una persona buscada bajo cargos criminales estaría en una corte.
El tribunal concluyó que ICE no justificó adecuadamente ese cambio. El problema se agravó cuando el Gobierno terminó admitiendo que el memorando de mayo de 2025 que había presentado como respaldo de los arrestos nunca había autorizado esas acciones en las cortes de inmigración. En otras palabras, se hicieron los desentendidos sobre dichas prácticas y sus efectos diciendo prácticamente de no sabían como se habían utilizado.
Más de 500 días de arrestos
La fecha resulta importante porque permite distinguir entre el cambio de política y el inicio de los arrestos. El 21 de enero de 2025 ICE emitió una nueva guía que eliminó las restricciones establecidas en 2021 para las acciones de control migratorio en las cortes.
Pero, de acuerdo con el American Immigration Council, los arrestos de personas que acudían a sus audiencias comenzaron a producirse de manera generalizada a mediados de mayo.
El Consejo también señaló que desde mayo de 2025 ICE comenzó a solicitar a jueces de inmigración que desestimaran casos para colocar posteriormente a las personas en procesos de deportación acelerada al salir de las cortes, aunque todavía tuvieran oportunidades de apelación o revisión.
La organización presentó solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para conocer las instrucciones y comunicaciones que estaban detrás de los arrestos y las desestimaciones.
El riesgo de acudir y de no acudir a la corte
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han señalado una contradicción: una persona con una audiencia migratoria tiene que presentarse ante el tribunal, pero podía enfrentar un arresto precisamente por acudir y a la vez, posteriormente, una orden de expulsión por no acudir.
La ACLU resumió el dilema señalando que una persona podía verse obligada a escoger entre acudir a una audiencia requerida y arriesgarse a ser detenida, o no presentarse y enfrentar las consecuencias de faltar ante el tribunal.
El American Immigration Council también ha cuestionado que los arrestos en las cortes puedan desalentar a los inmigrantes de participar en sus propios procesos judiciales.
¿Qué cambia ahora?
La orden tiene alcance nacional. ICE conserva su autoridad general para hacer cumplir las leyes migratorias, pero los arrestos civiles dentro o cerca de las cortes vuelven a estar sujetos a las restricciones de la política de 2021.
El fallo no significa que ICE haya perdido su facultad para realizar arrestos migratorios. Lo que queda prohibido es utilizar las cortes de inmigración como lugares de arresto bajo la política que el tribunal acaba de invalidar.
