Se efectuó una conversación con cuatro integrantes de la coordinadora de la Mesa del Voto guatemalteco en el Extranjero, instancia que viene trabajando con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala desde 2019 para facilitar la participación de los connacionales en Estados Unidos. Todos coinciden en señalar que una reciente reforma publicada por el TSE, que fija el DPI como requisito para empadronarse, es un retroceso, aunque se permita votar con pasaporte. Para ver la síntesis de esa conversación puedes dar clic aquí.
Dada la profundidad y temas abordados, se publican articulos con los aportes de cada uno de los participantes. Esto es lo que dijo Ben Monterroso, fundador de Voto Guatemalteco Residente en el Extranjero, Voguare e integrante de la Mesa Técnica.
Que construyan las condiciones para decidir
La discusión sobre el voto de los guatemaltecos en el extranjero vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que para Ben Monterroso, fundador de Voto Guatemalteco Residente en el Extranjero (Voguare), resulta elemental: si Guatemala reconoce el derecho de los migrantes a votar, ¿por qué no se construyen las condiciones para que ese derecho pueda ejercerse?
Monterroso habla desde una experiencia acumulada durante años de organización, reuniones, propuestas y cabildeo. Por eso, la reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral no la interpreta como un avance, sino como un retroceso.
“Yo pensaba que la tercera iba a ser la vencida”, dice al recordar el largo proceso de demandas de los guatemaltecos en el exterior. Pero, a su juicio, “la primera acción que tomó el nuevo Tribunal Supremo Electoral después de tanto sacrificio fue dar un paso para atrás y no un paso hacia adelante”.
Un derecho que necesita mecanismos
“Yo no acepto cualquier excusa, cualquier razón por la que no lo hagan”, afirma. “Lo que queremos es que digan qué están haciendo para que se pueda habilitar apropiadamente la participación del guatemalteco en el extranjero, no que no se puede”.
Para Monterroso, uno de los principales problemas comienza con algo tan básico como la identificación. El DPI, documento que se exige para determinados procesos, no constituye una solución práctica para millones de guatemaltecos que viven fuera del territorio nacional.
“Empecemos desde lo básico”, plantea. “No tenemos identificación para empadronarnos que sea viable. En los Estados Unidos, el padrón, el DPI no nos sirve absolutamente nada”. En cambio, existe un documento pensado precisamente para identificar al guatemalteco fuera del país: el pasaporte. “El documento que más se usa y que más nos representa fuera del territorio guatemalteco es el pasaporte. Por eso lo pedimos”, sostiene.
Pero el problema no termina allí. Incluso cuando se ofrece el empadronamiento por internet, Monterroso cuestiona que la herramienta tecnológica disponible funcione adecuadamente. “Ese desgraciado programa no trabaja”, dice con crudeza. Y añade que tampoco se promueve suficientemente: “Si te das cuenta cuánto dinero han invertido en tecnología, y si les pides cuántas personas se han empadronado por internet…”.
Su argumento parte de una realidad cotidiana: los migrantes ya utilizan tecnología para mantener vínculos económicos con Guatemala.
“Pregúntale a la gente cuántas personas mandamos nuestras remesas a través de la tecnología moderna que tenemos. O sea, si podemos mandar nuestros dólares para mantener a nuestras familias y la economía guatemalteca, quiere decir que sabemos cómo utilizar la tecnología, pero si nos la dan de una manera apropiada”.
Por eso resume el problema en una frase que explica buena parte de la frustración de la comunidad migrante:
“Nos dieron el voto, pero no nos dieron mecanismos para implementar ese derecho que tenemos”.
Pide elegir presidente y diputados por lista nacional
Monterroso considera que el debate tampoco debería quedarse únicamente en la modalidad del voto. A su juicio, hay reformas que podrían ampliar de manera significativa la participación política de los guatemaltecos en el exterior.
“¿Por qué no votamos por lo mínimo?”, pregunta. “¿Por qué no poder votar por el Presidente y el Vicepresidente, pero también por los por los diputados del Listado Nacional, que están en una sola papeleta para todos los distritos?”
Reconoce que algunos espacios legislativos han permitido escuchar las demandas de los migrantes, pero considera que ha llegado el momento de pasar de las reuniones a las decisiones. “Ya llegó el momento de que, de escucharnos, pasen a actuaciones”, afirma.
Y coloca una responsabilidad específica sobre las instituciones electorales: “Esperaríamos nosotros que no solamente el Tribunal Supremo Electoral verdaderamente haga su trabajo de asegurarse que la democracia trabaje para todos. No solo para algunos”.
“Ahorita los guatemaltecos en el extranjero aportamos muchísimo a nuestro país, pero no solo queremos aportar remesas, también decisiones y exigencia a las autoridades”, señala. Y recuerda una realidad que suele estar presente en las estadísticas, pero no siempre en las decisiones políticas: “Los migrantes no estamos fuera porque queremos. Nos fuimos expulsados de nuestro país por las faltas de oportunidades y las condiciones que no se nos dan para poder estar en un país como el nuestro”.
“¿Por qué no me dicen cómo se puede cambiar la ley?”
Quizá una de sus frases más contundentes aparece cuando cuestiona el argumento institucional de que determinadas modalidades de voto no son posibles porque la ley no las contempla. “A mí, como migrante, me molesta mucho que me digan lo que no se puede hacer por la ley. ¿Por qué no me dicen cómo se puede cambiar la ley?”
La pregunta traslada la discusión de la prohibición a la responsabilidad. Si una norma impide una solución que puede ampliar el ejercicio de un derecho, plantea Monterroso, entonces corresponde a las instituciones y a los legisladores encontrar la vía para modificarla.
“Para eso queremos votar: para que los políticos se lleguen a la posición que puedan legislar para nosotros”, dice. “Ya miramos otros países, unos más grandes que Guatemala y otros más pequeños, que ya implementaron esa tecnología. Si ellos pueden, ¿por qué no nosotros?”
Por eso cuestiona también la insistencia en realizar jornadas presenciales de empadronamiento que difícilmente alcanzan a una población distribuida por un territorio enorme y con enormes distancias entre ciudades. “Ya le dimos la fórmula”, afirma. “Y lo que estamos exigiendo es que se implemente: que el empadronamiento sea automático al emitir DPI en el extranjero”.
Una pregunta que queda abierta
Su crítica alcanza incluso la manera de medir el éxito de las instituciones. “Se agradece el esfuerzo de que viajen y vengan, pero se van a evaluar los resultados. El simple esfuerzo no se puede evaluar”, advierte.
Y entonces formula una pregunta que resume su posición y que trasciende el debate sobre el empadronamiento, el DPI, el pasaporte o el voto electrónico:
“¿Qué precio tiene la democracia y hasta cuándo nos van a tratar como guatemaltecos, de no que no seamos de segunda clase?”
Después de años de organización y propuestas, Ben Monterroso considera que el tiempo de explicar por qué algo no se puede hacer está llegando a su límite. La pregunta ahora, dice, es otra: “Qué se hará para que sí sea posible la participación migrante en las decisiones electorales”..
