Hasta 20 millones de personas en USA viven en parques de viviendas móviles o prefabricadas, donde pagan una renta por el terreno: pero la adquisición de estas propiedades trae alzas de alquiler y desalojos al no poder pagar.
Durante décadas, los parques de casas móviles en Estados Unidos ofrecieron una de las pocas vías de acceso a vivienda asequible para familias trabajadoras estadounidenses de escasos recursos, entre ellas miles de migrantes, declara un artículo de The Conversation, por la experta legal en bienes raíces Cassie Powell, de la Universidad de Richmond.
Ese refugio económico que asegura un techo a millones de familias, se ha convertido en terreno de especulación: fondos de inversión y empresas de capital privado están comprando estos parques a gran escala, subiendo los alquileres del terreno y dejando a sus residentes —en su mayoría de bajos ingresos— al borde del desalojo.
Millones de afectados y sin mayores opciones
Según datos citados por The Conversation, más de 20.6 millones de personas viven actualmente en casas móviles o manufacturadas en Estados Unidos, y alrededor de un tercio reside en comunidades conocidas como mobile home parks.
A simple vista, estos espacios parecen una opción de vivienda temporal, pero la realidad es que más del 90 % de las casas nunca se mueven: son hogares permanentes. El problema es que sus dueños no son propietarios del terreno que ocupan. Pagan un alquiler mensual por el lote, lo que los deja vulnerables ante los aumentos o las decisiones del dueño del parque.
En los últimos años, ese dueño ha cambiado. Donde antes había familias o pequeños empresarios locales, ahora hay fondos de capital privado. Entre 2017 y 2021, la participación de estos fondos en la compra de parques se disparó del 13% al 23 %, una tendencia que ha provocado aumentos de hasta 45 % en el costo del alquiler del lote.
Las consecuencias son devastadoras: después de una venta, el riesgo de desalojo aumenta hasta 40 % en los meses siguientes según el artículo de The Conversation.
Impacto en familias mgirantes
El modelo es particularmente cruel porque, aunque el residente es dueño de la casa, el traslado de la misma costaría entre 8 000 y 12 000 dólares, sin contar los permisos y el riesgo de daños. En la práctica, eso significa que muchos terminan abandonando sus casas cuando ya no pueden pagar la renta del terreno. En algunos estados, incluso tienen apenas tres semanas para retirarlas tras un aviso de desalojo.
Para las comunidades migrantes, el impacto es doble. En muchos casos, estos parques representan no solo un techo sino una oportunidad de ahorro para poder enviar remesas a sus familias en el país de origen.
Muchas familias centroamericanas, mexicanas y caribeñas han echado raíces en ellos, formando redes de apoyo y pequeñas economías locales. Pero con la llegada de los nuevos dueños, esa estabilidad se tambalea porque golpea presupuestos de hogar. Los aumentos de renta y la incertidumbre sobre la permanencia amenazan con desintegrar comunidades enteras.
“Las casas móviles fueron una de las pocas rutas hacia la propiedad para quienes no podían acceder a hipotecas tradicionales”, resume el análisis de The Conversation. “Ahora, ese camino se está cerrando.”
Mientras algunos estados han empezado a debatir leyes que permitan a los residentes comprar colectivamente sus parques —un modelo conocido como cooperativas de residentes—, la expansión de la inversión especulativa sigue avanzando más rápido que las reformas.
En ausencia de regulaciones federales que protejan a estos inquilinos, el riesgo es que los parques de casas móviles, históricamente un símbolo de vivienda asequible en Estados Unidos, se conviertan en el nuevo rostro de la crisis habitacional que afecta de manera desproporcionada a los migrantes.
Otros datos complementarios de la situación
Según datos del censo citados: en la última década los alquileres de lote (lot rent) han subido cerca de un 45 % en esos parques tras adquisiciones por private equity, señala el Seattle Post Intelligencer.
En contextos donde los derechos de los inquilinos o residentes de parques manufacturados son débiles (o la regulación es limitada), las personas migrantes pueden ver sus posibilidades de defenderse reducidas —por idioma, desconocimiento de las leyes, estatus migratorio o miedo a represalias.
Un tercio de casas prefabricadas están ubicadas en comunidades de casas móviles (mobile/manufactured home parks).
En un estudio en Florida se halló que tras la venta de un parque, los expedientes de desalojo aumentaron un 40 % en los meses siguientes.
En algunos estados, los plazos para mover una casa después de un desalojo son muy cortos; por ejemplo, en un estado un residente tiene solo 21 días para retirar la casa tras sentencia de desalojo.
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