Organizaciones y ciudadanos estadounidenses consideran que la suspensión de trámites legales de residencia contradice décadas de legislación migratoria.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles y ciudadanos estadounidenses presentó el lunes una demanda federal en Manhattan contra el Departamento de Estado. La acción legal busca frenar la suspensión radical del procesamiento de visas de inmigrante que afecta a 75 naciones, entre las que se encuentra Guatemala.
La medida, que entró en vigor el pasado 21 de enero de 2025, ha sido calificada por los demandantes como un intento de “desconocer décadas de leyes de inmigración establecidas“. Según la administración actual, el veto responde a la necesidad de evitar que lleguen personas que puedan representar una “carga pública” o que consuman beneficios sociales a “tasas inaceptables”.
Medida afecta a guatemaltecos
A pesar de ser un fuerte aliado regional, Guatemala es uno de los países incluidos en la lista. La suspensión impide que ciudadanos guatemaltecos que ya tenían procesos legales de reunificación familiar o visas de trabajo aprobadas puedan recibir sus documentos.
Entre los casos citados en la demanda, figura el de un padre estadounidense en Long Island cuya esposa e hijo menor se encuentran actualmente atrapados en Guatemala, separados indefinidamente de su familia debido a esta política. Ellos acudieron a una cita consular en Guatemala, cuando se dio la medida que los dejó varados.
A nivel global, la medida se dirige principalmente a naciones de ingresos medios y bajos en África, Asia y América Latina. De los 75 países, la gran mayoría posee poblaciones mayoritariamente no blancas.
Organizaciones demandantes
La demanda fue interpuesta por un grupo diverso de entidades legales y de defensa de los derechos de los inmigrantes, entre las cuales están:
- National Immigration Law Center (NILC)
- Democracy Forward
- The Legal Aid Society
- Western Center on Law & Poverty
- Center for Constitutional Rights (CCR)
- Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC)
- African Communities Together (ACT)
- Colombo & Hurd (Firma de abogados de inmigración)
Dato relevante: Un estudio del Cato Institute mencionado en la demanda revela que los inmigrantes consumen, en promedio, un 24% menos en beneficios de bienestar social que los ciudadanos nacidos en EE. UU., contradiciendo la supuesta excusa de “carga pública” utilizada por el gobierno.
Medida daña la migración legal
“Esta administración está tratando de cerrar la inmigración legal desde casi la mitad de los países del mundo sin autoridad legal ni justificación”, afirmó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Denunciamos este esfuerzo continuo por convertir a las personas inmigrantes en chivos expiatorios”.
“La prohibición de visas para 75 países es otra política ilegal y racista de la administración Trump que perjudica de manera desproporcionada a las personas africanas que buscan inmigrar a Estados Unidos”, señaló Diana Konaté, subdirectora ejecutiva de políticas y defensa de African Communities Together. “Esta prohibición vuelve un sistema ya roto aún más dañino, al negar cruelmente a las familias la posibilidad de reunificarse”.
“La prohibición ilegal de visas de la administración Trump separa a las familias, socava a los empleadores estadounidenses y desestabiliza a las comunidades”, dijo Joanna Cuevas Ingram, abogada sénior del National Immigration Law Center. “La medida trastoca la vida de personas que han superado cada barrera que este país les ha impuesto para trabajar o reunirse con sus familias. Estas políticas exceden la autoridad del gobierno, violan la Constitución y despojan a las familias y a las personas trabajadoras de derechos que la ley protege claramente”
“Esta prohibición de visas utiliza la ley de beneficios públicos como un arma para llevar adelante una agenda migratoria discriminatoria”, afirmó Cori Racela, directora ejecutiva del Western Center on Law & Poverty. “La administración Trump está distorsionando deliberadamente el estatuto de ‘carga pública’ para justificar una prohibición amplia basada en la nacionalidad que el Congreso rechazó expresamente. La carga pública es una evaluación individual, no una herramienta racista para bloquear o excluir países enteros ni para castigar a las familias”, añadió.
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