El caso Maldonado Bautista v. Santacruz se ha convertido en una de las decisiones más importantes en materia de detención migratoria en Estados Unidos en los últimos años. El fallo puede beneficiar a personas detenidas que entraron sin inspección y que, bajo una interpretación legal adoptada por el gobierno en 2025, habían quedado sin posibilidad de solicitar fianza y están detenidas.
La abogada migratoria guatemalteca en Nueva York, Ana Gabriela Urízar, explica: “Durante décadas, personas que entraban sin inspección y eran arrestadas dentro del país podían solicitar fianza ante un juez, quien evaluaba si existía riesgo de fuga o peligro”, en un video de Facebook.
En 2025 el gobierno cambió su interpretación de la ley migratoria. “Emitió un memorando afirmando que todas las personas que entraron sin inspección debían ser detenidas sin derecho a fianza”. Este cambio tuvo consecuencias graves: “Miles de personas quedaron detenidas en centros de inmigración sin derecho a una audiencia”, explica la abogada.
Pero un fallo judicial cambia las posibilidades para muchos de ellos y Urízar recomienda asesorarse con un abogado para poder unirse o unir a un familiar detenido a esta posibilidad de fianza.
¿Qué decidió la corte y como beneficia a migrantes detenidos sin fianza?
En noviembre de 2025, el tribunal federal determinó que la política del gobierno contradecía el texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Según explica Urízar, la corte concluyó que muchas de estas personas deben estar bajo la sección 1226(a) de la ley, lo que significa que sí pueden solicitar una audiencia de fianza. “La corte determinó que estas personas son elegibles para una audiencia de fianza”, señala Urízar.
El 25 de noviembre de 2025, el tribunal certificó una demanda colectiva de alcance nacional. Esto significa que el beneficio del fallo puede extenderse a personas detenidas en todo el país que cumplan ciertos requisitos.
Posteriormente, el 18 de febrero de 2026, una jueza federal determinó que el gobierno continuaba aplicando interpretaciones contrarias a la sentencia y ordenó medidas adicionales para asegurar su cumplimiento. Entre ellas:
- anular una interpretación administrativa que negaba audiencias de fianza
- ordenar notificación a los posibles beneficiarios de la demanda colectiva
- garantizar acceso a teléfono para contactar abogados
- asegurar que los detenidos reciban información sobre su derecho a solicitar audiencia
La orden judicial señala que la detención prolongada sin revisión judicial puede afectar la libertad, la estabilidad económica y la unidad familiar de los migrantes.
¿Quiénes podrían beneficiarse por la decisión?
La abogada Urízar explica que una persona puede ser parte de la llamada Bond Eligible Class si cumple con ciertos criterios:
- estar físicamente en Estados Unidos sin estatus legal
- haber entrado sin inspección
- no haber sido arrestado inmediatamente al cruzar la frontera
- no estar sujeto a detención obligatoria por delitos graves
- no tener orden final de deportación
- no estar en proceso de expedited removal
“Si cumples con estos requisitos, puedes ser parte de la clase colectiva que está demandando al gobierno”, explica Urízar.
¿Por qué algunos jueces siguen negando la fianza?
Según la abogada, algunos jueces continúan negando audiencias debido a instrucciones administrativas internas o posturas políticas individuales. No obstante, enfatiza que el fallo federal Maldonado Bautista sigue siendo vinculante.
“El fallo judicial es vinculante. Las órdenes federales deben cumplirse hasta que sean suspendidas o revertidas”, señala la abogada Urízar. En todo caso el tribunal incluso subrayó la importancia de la separación de poderes y el deber del poder judicial de interpretar la ley, un principio establecido desde Marbury v. Madison.
Opciones de detenidos o sus familiares
Urízar explica que existen dos estrategias principales:
Opción A: solicitar audiencia de fianza
“Se puede solicitar una audiencia ante un juez de inmigración adjuntando la orden judicial y demostrando que la persona es miembro de la clase certificada”.
Opción B: presentar habeas corpus en corte federal
Si el juez de inmigración niega jurisdicción, se puede solicitar la intervención de un juez federal mediante un habeas corpus.
“La decisión Maldonado Bautista no impide presentar un habeas corpus individual”, aclara la abogada.
El caso Maldonado Bautista establece límites al poder del Ejecutivo estadounidense para detener indefinidamente a personas migrantes sin revisión judicial. También refuerza el principio de que la interpretación administrativa no puede contradecir el texto de la ley aprobada por el Congreso.
“Esta decisión puede cambiar el curso de muchos casos de personas detenidas sin derecho a fianza”, explica Urízar.
Además, la orden exige que el gobierno informe a posibles beneficiarios de la demanda colectiva y facilite el acceso a representación legal, reconociendo la importancia del debido proceso.
Para muchas familias migrantes, el impacto puede ser inmediato: la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza mientras continúa su proceso migratorio.
Nota: Esta información es de carácter educativo y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es diferente y debe ser evaluado por un abogado calificado. Se puede contactar a la abogada Ana Gabriela Urízar a través de este link o bien, si alguien considera estar en el grupo beneficiario, escribir a este correo: [email protected]
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