Madre migrante permanecio 40 días en México debido a deportación que una jueza declaró ilegal e improcedente: ello le permitió volver a entrar a Estados Unidos y abrazar a su hija.
Después de 40 días de separación forzada, la migrante María de Jesús Estrada Juárez volvió a abrazar a su hija la noche del 30 de marzo en la frontera entre México y Estados Unidos, tras una orden judicial que calificó su deportación como una violación flagrante del debido proceso.
La madre migrante es beneficiaria del programa DACA y residente en California desde hace 27 años. Fue detenida el pasado 18 de febrero al acudir a una cita rutinaria para tramitar su residencia permanente en Sacramento. En menos de 24 horas fue trasladada a Tijuana y expulsada del país, pese a contar con autorización legal para permanecer en territorio estadounidense.
Su regreso se concretó luego de que la jueza federal Dena M. Coggins emitiera el 23 de marzo una orden de emergencia que obligó al gobierno a facilitar su reingreso en un plazo de siete días, además de restituir su estatus migratorio como si la deportación nunca hubiera ocurrido.
Un reencuentro marcado por la incertidumbre
El reencuentro con su hija, Damaris Bello, de 22 años, ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche en el cruce peatonal de San Ysidro, San Diego, California tras varias horas de espera dentro del puerto de entrada.
“No tengo vida si ella no está conmigo”, expresó Estrada Juárez al momento de reunirse con su hija, reflejando el impacto emocional de una separación que su familia describió como abrupta y devastadora.
Durante semanas, sus seres queridos vivieron en incertidumbre. “No sabíamos cuándo, o si, mi mamá iba a regresar”, dijo Bello. “Nuestra familia fue destrozada de la noche a la mañana”.
Un caso que expone fallas pero también ventana legal
De acuerdo con su abogada, Stacy Tolchin, Estrada Juárez no tuvo oportunidad de consultar con un abogado ni de impugnar su expulsión antes de ser deportada: los agentes federales que la detuvieron nunca se lo permitieron, lo que constituye una violación a sus derechos constitucionales.
“La corte dejó claro que el gobierno no puede ignorar el debido proceso ni las protecciones legales básicas”, afirmó la defensora, quien subrayó que el caso sienta un precedente en medio de crecientes preocupaciones sobre el trato a beneficiarios de DACA.
La propia Estrada Juárez calificó lo ocurrido como “uno de los momentos más dolorosos” de su vida: “Fui a mi cita creyendo que estaba haciendo todo bien, y en cambio fui separada de mi familia sin previo aviso. Estoy agradecida de estar de regreso, pero nadie debería pasar por esto. Necesitamos un sistema que trate a las personas con justicia, dignidad y respeto”.
La abogada guatemalteca Ana Gabriela Urízar, especialista en migración, considera que este caso marca un importante precedente judicial para personas en situación similar.
Un retorno poco común
Expertos en inmigración señalan que el caso de Estrada es excepcional. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, son muy pocos los migrantes deportados que han logrado regresar legalmente a Estados Unidos tras una orden judicial y lo mismo cabe decir de los que son liberados de custodia en centros de detención.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que al menos 86 beneficiarios de DACA fueron deportados entre enero y noviembre de 2025, y solo en contadas ocasiones se ha permitido el retorno.
“Es casi imposible lograr que una persona regrese al país después de una deportación”, explicó el experto en derecho migratorio Stephen Yale-Loehr.
Lo que sigue
Mientras tanto, Estrada Juárez continúa a la espera de una resolución sobre la reconsideración de su solicitud de residencia permanente, rechazada inicialmente por una orden de deportación emitida en 1998, cuando tenía 15 años y desconocía el proceso.
La migrante ya se encuentra nuevamente en Sacramento con su familia y se espera que en los próximos días ofrezca declaraciones públicas sobre su experiencia. Organizaciones proinmigrantes y autoridades locales han anunciado actividades para visibilizar su caso, que ha reavivado el debate sobre las garantías legales para quienes viven bajo protección temporal en Estados Unidos.
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