Ley estatal antimigrante SB4 había estado en suspenso pero corte federal decidió excluir a querellantes con lo cual de alguna manera reactiva la normativa y con ello la posibilidad de detención de migrantes por parte de policías del Estado de Texas.
Un fallo reciente de la justicia federal en Estados Unidos ha reactivado una de las leyes migratorias más polémicas de Texas, al permitir que autoridades estatales participen directamente en la detención de personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país.
La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que el viernes levantó una orden judicial previa que había bloqueado durante años la aplicación de la ley conocida como Senate Bill 4 (SB 4), aprobada en 2023 y que autoriza a policías estatales y locales a arrestar a personas bajo sospecha de cruce ilegal de la frontera.
Qué cambia con la ley
De entrar plenamente en vigor, la SB 4 convertiría el cruce irregular hacia Texas en un delito estatal. Además, permitiría que jueces ordenen, en ciertos casos, el retorno de las personas detenidas a México, ya sea en lugar de enfrentar un proceso penal o tras una condena.
Este enfoque representa un desafío directo a la práctica histórica en Estados Unidos, donde la aplicación de las leyes migratorias ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Sin embargo, desde 2025 se han endurecido las políticas para detener y deportar.
Por qué el tribunal federal permitió su avance
El tribunal no resolvió si la ley es constitucional o no, que era el reclamo por el cual fue suspendida. Sin embargo determinó que los demandantes —entre ellos Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el Condado de El Paso— no tenían “legitimación activa” (standing) para continuar con la demanda.
Según la corte, estas organizaciones asumieron voluntariamente costos para apoyar a migrantes, lo cual no es suficiente, bajo precedentes recientes, para sostener el caso en tribunales. Por ello, se anuló la medida cautelar que impedía la aplicación de la ley.
La vigencia de esta ley puede impactar a migrantes guatemaltecos en Texas que no cuenten con un status legal.
Reacciones encontradas
La decisión ha generado posturas opuestas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo al considerarlo una victoria para la seguridad pública y el orden legal, defendiendo el derecho del estado a actuar frente a la migración irregular.
En contraste, organizaciones defensoras de derechos civiles como FWD.us expresaron profunda preocupación, al advertir que la ley podría propiciar perfiles raciales y detenciones basadas en la “percepción” del estatus migratorio, afectando incluso a ciudadanos y residentes legales. También alertaron sobre un posible impacto económico negativo, dado que los inmigrantes representan cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral en Texas y contribuyen significativamente a sectores clave como la agricultura, la construcción, la salud y los servicios.
Un debate legal aún abierto
Aunque el fallo permite avanzar con la ley, la batalla judicial no ha terminado. El tribunal evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la SB 4, por lo que se anticipan nuevos litigios.
Administraciones federales recientes han tenido posturas distintas sobre el tema. Mientras el gobierno de Joe Biden consideró la ley inconstitucional, durante la administración de Donald Trump el Departamento de Justicia no intervino en el caso.
Por ahora, no está claro cuándo —o si— la ley se aplicará completamente, pero el fallo marca un paso significativo en el intento de Texas por asumir un rol más activo en el control migratorio, un terreno históricamente reservado al gobierno federal.
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