Más de 18 mil migrantes detenidos impugnan su detención en tribunales federales a través del recurso Habeas Corpus, interpuesto por sus abogados. ¿Qué es y cómo funciona? Te lo contamos
El recurso de habeas corpus (o exhibición de la persona), considerado el instrumento fundamental para proteger la libertad individual frente a detenciones arbitrarias del Estado, ha experimentado un crecimiento histórico en Estados Unidos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y la expansión de la detención obligatoria sin derecho a fianza. El sitio Law.Com estima que en el último año se han multiplicado 1500% las solicitudes.
De acuerdo con un análisis reciente de ProPublica, más de 18,000 migrantes detenidos han presentado, a través de sus abogados, recursos de habeas corpus en tribunales federales, alegando que su encarcelamiento es ilegal.
La cifra supera el total de peticiones presentadas durante las tres administraciones presidenciales anteriores combinadas, incluido el primer mandato de Donald Trump. En promedio, más de 200 casos diarios se están interponiendo este año, principalmente en California y Texas, que concentran cerca del 40% de los nuevos expedientes.
“No recuerdo un momento en que algo así haya ocurrido”, declaró Daniel Caudillo, director de la Clínica de Derecho Migratorio de la Universidad Texas Tech y exjuez de inmigración.
¿Qué es el Habeas Corpus y por qué puede ser de ayuda en ciertos casos de migración?
El habeas corpus —expresión latina que significa “tener el cuerpo”— es una garantía constitucional consagrada en la Constitución estadounidense. En términos prácticos, permite a una persona detenida pedir a un juez federal que revise si su encarcelamiento viola la Constitución, las leyes o los tratados de Estados Unidos.
Históricamente, en materia migratoria, el habeas corpus ha servido para:
- Impugnar detenciones prolongadas.
- Cuestionar la interpretación de leyes de inmigración.
- Reclamar violaciones al debido proceso.
- Revisar la legalidad de la detención aun cuando exista orden administrativa.
La propia Corte Suprema ha reafirmado su vigencia en casos clave como:
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Zadvydas v. Davis (2001): limitó la detención indefinida tras una orden de deportación.
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Demore v. Kim (2003): avaló la detención obligatoria previa a la deportación, pero reconoció la vía del habeas para impugnarla.
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Clark v. Martinez (2005): extendió la protección contra detenciones indefinidas.
Un giro judicial encendió las alarmas
El 6 de febrero, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una decisión que podría afectar a millones de migrantes indocumentados: El tribunal aceptó la interpretación del gobierno según la cual cualquier persona que haya ingresado sin inspección queda sujeta a detención obligatoria sin audiencia de fianza, sin importar cuántos años lleve viviendo en el país.
Según el análisis del American Immigration Council (10 de febrero), esta lectura redefine el alcance de la sección 235(b)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Como advirtió el juez disidente, bajo esta teoría “la frontera ahora está en todas partes”.
Más de 350 jueces federales, en más de 2,400 casos, han rechazado esa interpretación. Sin embargo, el fallo del Quinto Circuito fortalece la postura del gobierno en estados como Texas, Luisiana y Mississippi, donde se concentran numerosos centros de detención migratoria.
Actualmente, más de 73,000 personas se encuentran en custodia migratoria, incluyendo mujeres embarazadas, residentes de larga duración con familias ciudadanas estadounidenses y personas sin antecedentes penales.
Un fallo nacional declarativo en el caso Maldonado Bautista v. Noem determinó que la interpretación gubernamental es incorrecta. No obstante, tras la decisión de la Corte Suprema en Garland v. Aleman Gonzalez, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales colectivas amplias en materia de detención migratoria, lo que obliga a cada persona detenida a litigar individualmente mediante habeas corpus. El resultado: miles de recursos individuales saturando los tribunales federales.
¿Quién puede presentar un habeas corpus?
Existe la idea errónea de que solo quien está físicamente encarcelado puede interponerlo. Sin embargo, la jurisprudencia ha ampliado el concepto de “custodia”. Una persona bajo supervisión migratoria o con restricciones severas a su libertad también puede cumplir ese requisito. Quienes están detenidos o sus familias, pueden buscar la asesoría de un abogado migratorio para presentarlo.
Aunque el REAL ID Act de 2005 eliminó el habeas para revisar órdenes finales de deportación (trasladando esa revisión a cortes de apelaciones), no eliminó la posibilidad de impugnar la detención en sí misma. Es por ello que el habeas se ha convertido nuevamente en la principal herramienta legal para personas detenidas sin audiencia de fianza.
Consecuencias humanas y presión judicial
Más allá de las cifras, las consecuencias son profundas. Organizaciones defensoras denuncian condiciones inhumanas en centros de detención que empujan a algunas personas a aceptar la “auto-deportación” para salir del encierro.
La expansión de la detención obligatoria implica que millones de inmigrantes —incluidos beneficiarios de DACA y personas elegibles para alivios humanitarios— viven bajo la amenaza de ser encarcelados sin audiencia. Mientras las cortes de apelaciones en distintos circuitos revisan el tema, el habeas corpus vuelve a ocupar un lugar central en la defensa del debido proceso en Estados Unidos.
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