Departamento de Vehíuculos Motorizados, DMV, de Texas, permitirá temporalmente renovación de calcomanía y registro de vehículos a migrantes indocumentados: exigencia de residencia legal se aplaza para 2027.
El polémico cambio administrativo aplicado repentinamente en noviembre de 2025 por el Departamento de registro de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas, que impedía a migrantes indocumentados registrar o renovar permisos de circulación de vehículos, quedó en suspenso y entraría en vigencia hasta 2027.
Este jueves 12 de febrero hubo una votación en el DMV estatal, a la cual asistieron representantes de concesionarios de vehículos y diversos sectores involucrados. El guatemalteco Pablo Higueros Durini, experto en trámites fiscales radicado en Texas, quien participó en la audiencia, informó que el requisito de residencia ya no se aplicará y queda aplazado hasta 2027, cuando el tema sea abordado formalmente por el Senado estatal.
Sin embargo, los concesionarios de vehículos apenas recibieron una prórroga de un mes: hasta el 7 de marzo próximo deberán cumplir con la exigencia de que solo residentes legales puedan realizar ciertos trámites.
Participación activa y discursos sobre impacto económico dañino al Estado
“Nos vinimos a la votación que fue hoy. No conté cuántos testimonios tuvimos, pero de la asociación fuimos unos 20 o 30 de los que hablamos. Hoy se habló más directo al Estado sobre el impacto a la economía del Estado por la pérdida de ingresos, reducción de ventas y efecto en la productividad”, explicó Higueros.
Según relató, la decisión adoptada por el directorio del DMV no anula totalmente la polémica interpretación administrativa implementada desde noviembre de 2025 —que comenzó a exigir que los pasaportes estuvieran acompañados de una visa válida para poder registrar o renovar placas—, pero sí pospone su aplicación plena para particulares.
“En la parte de que pueden renovar el sticker, lo dejaron como se hacía normalmente, hasta el próximo año. En 2027 lo votaría literalmente el Senado, ya no el Departamento de Motores”, detalló.
La votación, sin embargo, tuvo un matiz político. “Los del DMV votaron, pero no como la gente lo esperaba y tampoco votaron en contra. La votación que hicieron fue algo político. Quieren reducir el impacto económico pero a la vez dejan el asunto en manos del Senado”, señaló.
Impacto fue desigual pero extendido
El cambio administrativo aplicado repentinamente desde noviembre generó confusión entre condados. Algunos comenzaron a exigir el nuevo requisito de visa válida, mientras otros se negaron a aplicarlo por su impacto comunitario y económico.
Circular con placas vencidas —cuando la negativa a renovar se debía al nuevo criterio— exponía a miles de personas a detenciones por “causa probable”. En condados que aplican el programa federal 287(g), esa infracción podía convertirse en una puerta directa hacia procesos de deportación, incluso sin antecedentes penales.
Ahora, la prórroga hasta 2027 reduce temporalmente ese riesgo para propietarios particulares. Pero no elimina la incertidumbre.
Concesionarios seguirán cabildeando
Donde la tensión persiste es en el sector automotriz. Los concesionarios, que ya reportaban caídas de ventas de hasta 80% tras la implementación restrictiva, solo cuentan con un mes de margen para seguir vendiendo vehículos a personas sin un estatus legal, aunque tengan la capacidad económica para pagarlo.
“Lo que sí va a ser un reto es para los concesionarios, porque a ellos solo les dieron un mes. Seis de marzo. A ellos les dieron solo un mes”, advirtió Higueros.
Según explicó, la decisión parece una maniobra para ganar tiempo político. “Como para comprar tiempo ellos. Quieren llegar a un nuevo acuerdo en este mes que les dieron de trabajo. Si lo logran solucionar y lo cambian, nos ayudaría a nosotros y lo implementarían”.
La expectativa ahora está puesta en si el Estado enviará una nueva directriz este mismo año o si el tema quedará definitivamente en manos del Congreso estatal en 2027.
“Se nos están uniendo más concesionarios y empresas para exigir que se permita el registro de vehículos como hasta ahora”, concluyó.
El compás de espera no resuelve el fondo del debate: si un cambio administrativo puede redefinir, sin proceso legislativo formal, el acceso a un trámite que durante años se concedió con base en la residencia en Texas, independientemente del estatus migratorio. Mientras tanto, familias, concesionarios y autoridades locales navegan en un terreno de incertidumbre jurídica y económica.
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