En primera sesión de audiencia de la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem ante comité del Senado de Estados Unidos, republicanos y demócratas cuestionaron su gestión migratoria, uso de fuerza contra ciudadanos y muertes.
Washington, D.C. — La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, enfrentó un inusual frente bipartidista de críticas durante su primera comparecencia ante el Comité Judicial del Senado el martes 3 de marzo de 2026. Legisladores de ambos partidos cuestionaron la ejecución de las políticas migratorias en el año reciente, el uso de la fuerza en operativos federales y la detención de ciudadanos estadounidenses (más de 170 casos reportados, muchos de ellos hispanos).
La audiencia dejó al descubierto no solo diferencias ideológicas, sino también fisuras internas en el partido republicano sobre el liderazgo de Noem y el impacto real de las redadas migratorias, versus las cifras de gasto sufragado por los ciudadanos estadounidenses. La audiencia prosigue este miércoles 4.
Republicanos expresan dudas sobre la ejecución de política migratoria
El senador Tom Tillis fue uno de los republicanos más directos al afirmar que la gestión del DHS “ha sido un desastre en su ejecución”. Subrayó que el problema no es aplicar la ley migratoria, sino hacerlo sin mecanismos de verificación adecuados: “Cuando ciudadanos estadounidenses terminan detenidos en redadas, eso no es firmeza, es falla operativa”, dijo. Tillis le exigió a Noem su renuncia al cargo.
El senador John Kennedy centró parte de su intervención en el gasto de 220 millones de dólares en campañas publicitarias del DHS. “El pueblo estadounidense quiere resultados, no comerciales”, señaló, al tiempo que pidió explicaciones por las declaraciones iniciales de Noem tras los tiroteos en Minnesota, donde describió a las víctimas como “terroristas domésticos”. “Ese lenguaje importa”, advirtió.
Desde una postura más institucional, el senador Lindsey Graham defendió el endurecimiento fronterizo, pero sostuvo que cualquier error en el uso de la fuerza debe investigarse con transparencia. “La credibilidad de nuestras agencias depende de reconocer cuando algo sale mal”, afirmó.
Incluso el senador Mike Lee, conocido por su énfasis en la interpretación constitucional estricta, preguntó si los protocolos actuales garantizan plenamente el debido proceso en operativos internos, señalando que “la autoridad federal debe ejercerse con límites claros”.
Demócratas señalan patrón de sesgo racial y erosión del debido proceso
Del lado demócrata, las críticas fueron más agudas. El senador Dick Durbin acusó al DHS de actuar “sin brújula moral ni respeto por el Estado de derecho” y sostuvo que agentes federales están deteniendo personas “por el color de su piel, su acento y el idioma que hablan”.
El senador Cory Booker afirmó que las redadas están generando “una cultura de miedo” en comunidades latinas y migrantes. “No se trata solo de inmigración; se trata de derechos civiles básicos”, declaró.
La senadora Amy Klobuchar puso el foco en los hechos ocurridos en su estado y exigió claridad sobre los protocolos que derivaron en los disparos contra ciudadanos estadounidenses. “Las comunidades merecen verdad, no narrativas apresuradas”, sostuvo.
El senador Richard Blumenthal protagonizó uno de los momentos más tensos al pedir que se pusieran de pie tres ciudadanos estadounidenses presentes en la sala. Entre ellos estaba Marimar Martínez, maestra en Chicago que sobrevivió a cinco disparos durante un operativo migratorio; así como familiares de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos abatidos en Minnesota durante operativos federales.
Blumenthal afirmó que los videos disponibles contradicen la versión inicial del DHS y calificó la negativa de la secretaria a retractarse como “imperdonable frente a ciudadanos que fueron heridos o perdieron la vida”.
La defensa de Noem
Ante el aluvión de críticas, Noem sostuvo que sus declaraciones se basaron en reportes preliminares de campo y defendió a los agentes federales como funcionarios que operan en “entornos cada vez más peligrosos”. Rechazó ofrecer disculpas y afirmó que cualquier revisión debe basarse en investigaciones formales, no en presión política.
Más allá del intercambio partidista, la audiencia evidenció un debate más amplio: cómo equilibrar la aplicación estricta de la ley migratoria con la protección del debido proceso y los derechos civiles.
Para los republicanos críticos, el riesgo es la ineficiencia y la pérdida de credibilidad institucional; para los demócratas, se trata de un patrón que afecta desproporcionadamente a comunidades hispanas y erosiona garantías constitucionales. Con el financiamiento del DHS en discusión y el clima electoral en aumento, la gestión de Noem se perfila como un punto de tensión central en el debate nacional sobre seguridad, migración y derechos civiles en el año de elecciones de medio término en noviembre próximo.
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