Multiplicación de acciones antimigrantes en el primer primer año del segundo gobierno de Donald Trump describe análisis de Migration Policy Institute.
La inmigración volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Donald Trump durante el primer año de su segundo mandato. De acuerdo con el informe Unleashing Power in New Ways: Immigration in the First Year of Trump 2.0 (Poder desatado en nuevas formas: Migración en el primer año de Trump 2.0) del Migration Policy Institute (MPI), la administración impulsó “cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes en su amplitud y alcance”, con efectos que se proyectarán durante años en la sociedad, la economía y la posición global de Estados Unidos.
El análisis señala que, aunque algunos esfuerzos no han alcanzado los ambiciosos objetivos de la Casa Blanca, el giro ha sido “vertiginoso en su alcance y velocidad”, apoyado por una mayoría republicana en el Congreso. En la sociedad el gobierno mantiene apoyos, pero también hay sectores como la Iglesia Católica que han llamado a evitar la separación de familias o el uso de fuerza excesivo.
El análisis completo, en inglés, puede ser leído aquí. Fue elaborado por Muzaffar Chishti, Kathleen Bush-Joseph y Colleen Putzel-Kava.
1. Inmigración como eje político del segundo mandato
Según el MPI, Trump regresó al poder tras haber hecho campaña y ganado la reelección con la inmigración como tema central. Desde los primeros días, la administración promovió políticas que han hecho a Estados Unidos “más hostil hacia los migrantes no autorizados” y que han alterado el trato del gobierno hacia “los inmigrantes de todos los estatus legales y las comunidades en las que viven”.
El instituto advierte que el impacto no se limita a la aplicación de la ley, sino que alcanza “a las personas, las familias, los lugares de trabajo, las perspectivas económicas generales del país y su posición global”.
2. Reestructuración del aparato estatal y disuasión migratoria
El informe documenta una “restructuración drástica de la maquinaria gubernamental” para combatir la inmigración irregular. Entre los objetivos centrales figuran disuadir las llegadas no autorizadas a la frontera, debilitar la situación de inmigrantes con residencia legal y “imponer obstáculos a la entrada legal de grandes franjas de viajeros internacionales y aspirantes a inmigrantes”.
El MPI señala que estas decisiones podrían “sentar las bases para una reducción de la inmigración familiar, humanitaria y laboral” en los próximos años, con implicaciones de largo plazo para la demografía y la economía del país.
3. Deportación masiva y militarización de la aplicación migratoria
Para avanzar en la meta de deportaciones a gran escala, la Casa Blanca, bajo la influencia del asesor Stephen Miller, recurrió a “estatutos viejos”, involucró a fuerzas del orden estatales y locales y a agencias federales sin historial en la aplicación de leyes migratorias, además de presionar a gobiernos extranjeros para aceptar deportados.
Uno de los aspectos más visibles ha sido la “militarización de la aplicación de la ley migratoria”. El MPI describe escenas de “tropas y agentes federales enmascarados recorriendo las calles”, uso de “gases lacrimógenos” y episodios de sometimiento “violento, e incluso mortal”. Estas imágenes, señala el informe, han atraído atención internacional y han modificado la vida cotidiana, al punto de que algunos ciudadanos estadounidenses “se sienten obligados a llevar consigo una identificación en todo momento”.
4. Gobierno por decretos y uso intensivo de órdenes ejecutivas presidenciales.
El documento destaca que el gobierno se ha apoyado principalmente en acciones ejecutivas. Hasta el 7 de enero, Trump había firmado “38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración”, cerca del 17 % del total de órdenes emitidas durante su primer año de mandato, una cifra que supera las firmadas durante todo su primer periodo presidencial.
Además, el MPI estima que la administración adoptó “más de 500 medidas en materia de inmigración” en solo un año, superando las 472 registradas durante los cuatro años del primer mandato, mediante proclamaciones presidenciales y directrices administrativas.
5. Congreso republicano y Corte Suprema: respaldo político con algunos límites
A diferencia de su primer gobierno, Trump ha contado con un Congreso y una Corte Suprema “mucho más comprensivos”. En julio, el Congreso, de mayoría republicana, asignó al Departamento de Seguridad Nacional “170 mil millones de dólares” para ampliar el sistema de detención y deportación, ya considerado “el más grande del mundo”.
La Corte Suprema avaló varias medidas de alto perfil, como la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para “unos 600,000 venezolanos”, aunque también impuso límites al impedir deportaciones sin debido proceso y bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en tareas migratorias. Otros temas, como la ciudadanía por nacimiento, siguen pendientes de resolución.
6. Frontera cerrada y ofensiva en el interior del país
Tras el endurecimiento del acceso al asilo, las llegadas no autorizadas a la frontera entre Estados Unidos y México “se desplomaron a los niveles más bajos desde la década de 1970”. Este descenso permitió a la administración concentrarse en los inmigrantes que ya viven en el país, una población estimada por el MPI en “13.7 millones” a mediados de 2023.
Desde la toma de posesión, los arrestos del ICE “se han más que cuadruplicado” y la detención diaria promedio “se ha duplicado”. El Departamento de Seguridad Nacional informó que “622,000 no ciudadanos” habían sido deportados, una cifra elevada pero inferior a las “778,000 repatriaciones” del último año completo de la administración Biden y muy por debajo de la meta de un millón anual prometida por Trump.
El MPI subraya la falta de transparencia en los datos y señala que el gobierno no ha respaldado con cifras verificables la afirmación de que “1.9 millones” de personas se autodeportaron durante el mismo periodo.
7. Endurecimiento de exigencias contra la inmigración legal y efectos económicos
La política restrictiva también ha alcanzado a inmigrantes con estatus legal y a quienes buscan ingresar de forma regular. El gobierno eliminó protecciones temporales a “más de 1.5 millones” de personas en libertad condicional humanitaria, casi paralizó el reasentamiento de refugiados y restringió severamente el asilo.
El MPI documenta además obstáculos crecientes para la residencia permanente, visas temporales y ciudadanía, así como la vigilancia de estudiantes y académicos internacionales por sus opiniones políticas, revisiones exhaustivas de redes sociales e incrementos significativos en tarifas y fianzas.
Según el informe, una inmigración legal más lenta “probablemente afecte a los mercados laborales, las economías locales y las perspectivas económicas generales”, con señales de impacto negativo ya detectadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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