Miguel fue detenido en un retén de tráfico pese tener un proceso migratorio legítimo. Murió en ataque a tiros contra el centro de detención ICE en Texas, pero al parecer su trámite siguió y este diciembre llegó el aviso de otorgamiento.
Cuando la carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) apareció en el buzón de la familia del migrante mexicano Miguel Angel García, ya él no estaba vivo para abrirla ni leerla ni celebrar lo que durante años fue una espera angustiosa: la aprobación del waiver, el perdón migratorio que abría paso hacia la residencia legal.
Miguel Ángel García, migrante mexicano de 32 años, llevaba más de dos décadas viviendo en Texas. No tenía récord criminal. Trabajaba como pintor. Era amoroso esposo y padre de cuatro hijos —cinco, en realidad, porque el menor nació tres días después de su muerte—.
Su esposa Stephany Gauffeny, ciudadana estadounidense, había hecho todo “como le dijeron que debía hacerse” para lograr su residencia legal. Durante cuatro años había seguido un proceso legal marcado por formularios, esperas y mucha esperanza.
Detenido en retén a pesar de tener un trámite
Miguel Ángel fue detenido en un retén de tráfico de ICE, a pesar de tener un proceso migratorio legal en curso. El 24 de septiembre fue herido de bala en un ataque de francotirador contra una instalación de ICE en Dallas, mientras se encontraba bajo custodia federal, esposado y dentro de una camioneta de traslado. En otras palabras, sus derechos fueron ignorados.
Miguel fue sometido a varias cirugías, permaneció intubado y finalmente fue desconectado del soporte vital el 24 de septiembre. En ese mismo ataque murió Norlan Guzmán-Fuentes, migrante salvadoreño de 37 años, y sobrevivió un venezolano, José Andrés Bordones Molina, quien dio el único testimonio público de lo ocurrido: “No los bajaron del vehículo, no sabían de dónde venían los disparos y no tenían forma de protegerse”.
La carta de USCIS, fechada en 9 de diciembre, confirma la aprobación del perdón migratorio solicitado a nombre de Miguel Ángel García Medina. No menciona el ataque. No menciona su muerte. No da instrucciones adicionales.
Es un documento administrativo, emitido como si el trámite siguiera vivo, como si el sistema no se hubiera enterado —o no hubiera querido enterarse— de que el solicitante había fallecido mientras estaba bajo custodia del Estado.
El abogado migratorio Haim Vásquez explicó que estos casos no son excepcionales: USCIS e ICE son agencias distintas, con sistemas que no siempre se comunican de manera automática, incluso cuando una persona muere detenida. El resultado es este absurdo burocrático: un perdón aprobado para un hombre que ya no puede perdonar nada, ni esperar nada.
Stephany, su esposa, recibió la notificación sola, con un recién nacido en brazos y cuatro hijos más preguntando por su padre. Compartió la fotografía de la carta como prueba de un proceso que avanzó, sí, pero demasiado tarde. “Era el documento más importante”, había dicho antes. Sin él, todo se detenía. Con él, el proceso debía continuar. Pero la vida no esperó a la burocracia.
Durante el año fiscal 2025, al menos 20 migrantes han fallecido bajo custodia de ICE, en medio de denuncias crecientes por condiciones precarias y deficiencias en la atención médica. Seis de esas personas eran mexicanas, incluido García-Hernández. Nombres, edades y oficios distintos, pero una constante: murieron mientras el Estado estadounidense tenía la responsabilidad de sus vidas.
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