Corte federal suspendió parte de un reglamento que reducía de 30 a 10 días el tiempo para apelar casos migratorios de deportación. Fallo mantiene plazo actual de un mes para defensa de migrantes.
Un juez federal en Washington bloqueó partes clave de un reglamento impulsado por el Departamento de Justicia que pretendía acelerar el proceso de apelaciones en casos migratorios. La decisión evita que entren en vigor cambios que habrían reducido drásticamente el tiempo disponible para impugnar decisiones de deportación.
El fallo fue emitido por el juez federal Randolph D. Moss, quien anuló parcialmente la llamada Norma Final Provisional (IFR) sobre los procedimientos de apelación ante la Board of Immigration Appeals (BIA), el principal tribunal administrativo que revisa las decisiones de los jueces de inmigración en Estados Unidos.
La norma debía entrar en vigor el 9 de marzo y proponía varios cambios para acelerar los procesos de expulsión. Sin embargo, el tribunal determinó que algunas de sus disposiciones fueron aprobadas sin cumplir con el procedimiento legal requerido, en particular el proceso de notificación pública y otras exigencias.
Qué cambios pretendía introducir el reglamento
El reglamento planteaba una transformación profunda en el sistema de apelaciones migratorias. Entre sus medidas principales estaban:
- Reducir el plazo para apelar una decisión de deportación de 30 a solo 10 días.
- Permitir que la BIA rechazara apelaciones en un máximo de 15 días si no eran aceptadas formalmente.
- Obligar a las partes a presentar sus argumentos al mismo tiempo, eliminando la posibilidad de que el inmigrante respondiera después a los argumentos del gobierno.
- Eliminar la revisión obligatoria de transcripciones de las decisiones orales de los jueces de inmigración, lo que según críticos podría dejar errores sin corregir.
Organizaciones de defensa legal advirtieron que estas medidas podían provocar deportaciones aceleradas incluso en casos donde existieran errores en las decisiones iniciales y por lo tanto amenazaban derechos.
Qué significa el fallo de juez para los migrantes
El fallo judicial mantiene vigentes varias reglas actuales que son consideradas parte del debido proceso en el sistema migratorio.
En la práctica significa que:
- Se mantiene el plazo de 30 días para apelar. Los inmigrantes seguirán teniendo un mes para presentar una apelación ante la BIA, en lugar de los 10 días que proponía la nueva norma.
- Se evita el rechazo acelerado de apelaciones. La junta no estará obligada a descartar casos rápidamente si no decide aceptarlos en plazos muy cortos.
- Se preserva la revisión completa de los casos. Las apelaciones no podrán descartarse antes de que existan registros y transcripciones del proceso.
Un revés a la política de deportaciones “rápidas”
La decisión también podría tener efectos en los esfuerzos del gobierno por acelerar las deportaciones en Estados Unidos. Al mantenerse los plazos actuales de apelación, las personas que enfrentan órdenes de expulsión conservan más tiempo para solicitar revisiones judiciales o presentar argumentos legales adicionales.
Para las organizaciones que presentaron la demanda, el fallo preserva una garantía fundamental del sistema judicial migratorio: la posibilidad de que una decisión de deportación sea revisada por una instancia superior antes de ejecutarse.
Las organizaciones que impulsaron la demanda
La acción judicial fue presentada por varias organizaciones que brindan defensa legal a inmigrantes:
- Amica Center for Immigrant Rights
- Brooklyn Defender Services
- Florence Immigrant & Refugee Rights Project
- HIAS
- National Immigrant Justice Center
Estas organizaciones fueron representadas en la corte por Democracy Forward, junto con el American Immigration Council.
Según los demandantes, el reglamento del gobierno habría hecho extremadamente difícil que los inmigrantes obtuvieran una revisión real de sus casos antes de ser deportados.
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