Autoridades estatales plantean recursos ante cortes para exigir al gobierno federal o a empresas contratistas permitir la inspección de las condiciones sanitarias y de derechos en prisiones migratorias.
Desde California hasta Maryland, una serie de demandas y disputas legales están cuestionando el acceso de autoridades locales y estatales para inspeccionar centros de detención migratoria en Estados Unidos, así como las condiciones de salud y seguridad dentro de estas instalaciones.
Los casos, presentados por gobiernos locales, fiscales estatales, organizaciones de derechos civiles y los propios detenidos, señalan obstáculos para la supervisión externa, denuncias de condiciones insalubres y conflictos sobre quién tiene autoridad para regular instalaciones administradas por el gobierno federal o por empresas privadas contratadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Estos son algunos casos.
California: disputa por inspección sanitaria en Otay Mesa
El condado de San Diego presentó una demanda federal tras denunciar que la administración del presidente Donald Trump bloqueó una inspección de salud pública en el Centro de Detención de Otay Mesa, una instalación migratoria ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y administrada por la empresa privada de prisiones CoreCivic.
Según las autoridades del condado, funcionarios de ICE habían autorizado inicialmente la visita de inspectores de salud, pero revocaron el permiso cuando el equipo llegó a las instalaciones.
La demanda busca que un tribunal ordene permitir la inspección completa del centro, argumentando que la negativa viola una ley estatal de California aprobada en 2024 que otorga a funcionarios locales de salud la facultad de inspeccionar centros de detención privados para verificar el cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad. Funcionarios del condado citan informes sobre condiciones preocupantes dentro del centro, incluyendo denuncias de enfermedades, alimentación inadecuada y retrasos en la atención médica.
Washington: disputa por inspecciones estatales en centro administrado por GEO Group
En el estado de Washington, autoridades estatales han intentado inspeccionar el Northwest ICE Processing Center, ubicado en Tacoma y administrado por la empresa privada de prisiones GEO Group.
Funcionarios estatales sostienen que la legislación local les permite inspeccionar centros privados para verificar condiciones sanitarias y laborales. Sin embargo, el acceso fue bloqueado, lo que desencadenó una disputa legal sobre si los estados pueden ejercer supervisión cuando las instalaciones están vinculadas al sistema federal de detención migratoria.
La empresa operadora ha argumentado que la regulación de estas instalaciones corresponde exclusivamente al gobierno federal.
Nuevo México: detenidos denuncian inspecciones que no reflejan las condiciones reales
En el Torrance County Detention Facility, ubicado en el estado de Nuevo México, detenidos presentaron una demanda colectiva contra el gobierno federal alegando que las inspecciones oficiales del centro no reflejaban las condiciones reales dentro de la instalación.
Según la demanda, el centro fue certificado repetidamente como apto para operar a pesar de denuncias sobre falta de atención médica, instalaciones insalubres y agua potencialmente contaminada. Los demandantes sostienen que el sistema de supervisión permitió que los problemas persistieran sin intervención efectiva.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia de los mecanismos federales de inspección dentro del sistema de detención migratoria administrado por DHS.
Illinois: organizaciones denuncian condiciones inhumanas y restricciones a visitas
En Illinois, organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda relacionada con un centro de procesamiento migratorio cerca de Chicago, señalando condiciones que califican como inhumanas.
Las acusaciones incluyen escasez de alimentos, atención médica insuficiente y restricciones a las visitas de congresistas, líderes religiosos y otros observadores externos. Según los demandantes, estas limitaciones han dificultado la supervisión independiente del centro.
El litigio forma parte de un esfuerzo más amplio de organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) para aumentar la transparencia en el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Maryland: fiscal general exige documentos sobre condiciones de detención
En el estado de Maryland, el fiscal general inició acciones legales para obligar al gobierno federal a entregar documentos relacionados con las condiciones de detención en un centro administrado por ICE en Baltimore.
La investigación surgió tras denuncias sobre hacinamiento, acceso limitado a duchas y camas, y dificultades para recibir atención médica. Las autoridades estatales sostienen que la información solicitada es necesaria para evaluar posibles violaciones a normas básicas de salud y seguridad.
Conflictos crecientes por supervisión
Los casos en distintos estados reflejan un patrón creciente de disputas legales relacionadas con la supervisión de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. En muchos de ellos, las demandas cuestionan el acceso de autoridades locales o estatales para realizar inspecciones, las condiciones de salud dentro de las instalaciones y la transparencia de los mecanismos de supervisión federal.
Una parte significativa de estos centros es operada por empresas privadas contratadas por el gobierno federal, lo que ha intensificado el debate sobre la responsabilidad y los límites de la supervisión estatal en instalaciones vinculadas al sistema migratorio federal.
