Informe de la organización de caridad KFF reporta 46 muertes de migrantes en centros de detención de ICE desde 2025, además de hacinamiento y falta de atención médica.
Un aumento significativo en muertes de migrantes y fallas en atención médica, así como difíciles condiciones de hacinamiento y deficiencias sanitarias en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, denuncia un informe reciente de la Kaiser Family Foundation (KFF), elaborado por Akash Pillai, Drishti Pillai y Samantha Artiga, publicado el 25 de marzo de 2026.
Hasta el 18 de marzo de 2026, ICE reportó un total de 46 muertes de personas bajo su custodia o en centros de detención desde el inicio de la actual administración en enero de 2025. Solo en 2025 se registraron 33 fallecimientos, la cifra anual más alta en más de dos décadas, en comparación con 11 muertes en 2024 y menos de diez por año entre 2021 y 2023.
Entre enero y marzo de 2026 ya se habían contabilizado 13 muertes, lo que proyecta que el año podría igualar o superar la cifra de 2025. ICE está obligado por ley a publicar un comunicado con detalles de cada muerte dentro de los dos días posteriores y un informe detallado en un plazo de hasta 90 días.
Expansión acelerada de la detención migratoria
El aumento de muertes ocurre en paralelo a un crecimiento acelerado de la población detenida. Al 7 de febrero de 2026, más de 68,000 personas se encontraban en centros de detención de ICE, frente a 39,000 en diciembre de 2024, lo que representa un incremento superior al 70%, destaca el informe de KFF
Este aumento de detenciones responde a políticas enfocadas en reforzar la aplicación de leyes migratorias dentro del territorio estadounidense y acelerar procesos de deportación masiva.
De las 46 muertes registradas entre el 1 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, al menos 6 correspondían a personas sin antecedentes criminales ni cargos pendientes.
Un total de 36 personas fallecieron después de haber pasado tres meses o menos en detención, incluyendo casos en los que ICE trasladó a los detenidos a hospitales antes de su muerte.
En términos de edad, 38 de las personas fallecidas tenían menos de 65 años y 21 eran menores de 45. La distribución por grupos etarios incluye 2 personas entre 18 y 24 años, 7 entre 25 y 34, 12 entre 35 y 44, 9 entre 45 y 54, 8 entre 55 y 64, 7 mayores de 65 y 1 caso sin edad reportada.
Por origen, 22 de las personas fallecidas eran de México y Centroamérica, mientras que 10 provenían de países asiáticos.
Causas de muerte y condiciones médicas
ICE reportó que 32 de las 46 muertes estuvieron relacionadas con complicaciones derivadas de una o más condiciones médicas preexistentes, incluyendo enfermedades cardíacas, renales, diabetes, cáncer u otras afecciones no especificadas.
Los casos muestran distintos niveles de gravedad. Por ejemplo, una persona de 68 años con presión arterial leve desarrolló síntomas que empeoraron durante dos meses hasta su hospitalización y muerte. En contraste, otra persona de 55 años con problemas físicos y mentales graves fue trasladada a un hospital un día después de su detención y permaneció allí hasta fallecer.
Las otras muertes se clasificaron como 9 suicidios y 5 casos por otras causas, incluyendo colisiones vehiculares durante arrestos y muertes por armas de fuego.
El informe advierte que la clasificación oficial de ICE puede diferir de evaluaciones independientes. En enero de 2026, la oficina forense del condado de El Paso, Texas, determinó que una muerte fue homicidio debido a acciones de agentes, mientras que ICE la reportó como suicidio.
Fallas en la atención médica y riesgos sanitarios
ICE está obligado a garantizar estándares básicos de salud, incluyendo evaluaciones médicas y de salud mental al ingreso, acceso a diagnósticos y tratamientos, traslados a atención externa cuando sea necesario y servicios de emergencia las 24 horas.
Sin embargo, el informe señala problemas estructurales persistentes: cumplimiento inadecuado de estándares, escasez de personal médico, atención insuficiente y limitada supervisión.
El aumento de la población detenida ha generado hacinamiento, lo que incrementa el riesgo de enfermedades transmisibles. Medios de comunicación reportaron brotes recientes de sarampión en centros de detención en Arizona y Texas, asociados a retrasos en la vacunación.
Además, los pagos a proveedores de servicios médicos se vieron afectados tras la cancelación en octubre de 2025 de un acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos para procesar reembolsos, y se prevé que un nuevo sistema no esté operativo hasta abril de 2026.
Denuncias documentadas y condiciones de detención
Un informe de 2025 derivado de una investigación del senador Jon Ossoff documentó múltiples irregularidades, incluyendo falta de acceso a medicamentos recetados, maltrato a mujeres embarazadas, desnutrición, deshidratación, condiciones insalubres, privación del sueño y abuso.
Otro estudio basado en entrevistas con personas detenidas en Arizona entre julio de 2024 y noviembre de 2025 identificó retrasos de varios meses en tratamientos especializados y casos de personas con enfermedades mentales graves que nunca recibieron atención.
También se reportaron pérdidas de tratamientos médicos y medicamentos durante traslados entre centros de detención.
Niñez, embarazo y poblaciones vulnerables
En un centro de detención en Texas, más de la mitad de las personas detenidas durante los primeros nueve meses de la actual administración eran niños, en un contexto de escasez de pediatras y psicólogos infantiles.
A pesar de que la política de ICE limita la detención de personas embarazadas, en periodo postparto o en lactancia a circunstancias muy restringidas, datos oficiales indican que 121 personas en estas condiciones estaban detenidas al 16 de febrero de 2026.
Reportes basados en entrevistas durante 2025 y 2026 documentaron deficiencias en la atención prenatal y postnatal, uso excesivo de restricciones físicas, nutrición inadecuada, retrasos en emergencias médicas e incluso intentos de deportación en embarazos de alto riesgo y en etapas avanzadas.
Litigios y presión judicial
Las condiciones en los centros de ICE han derivado en múltiples manifestaciones pacíficas y también demandas. En febrero de 2026, un juez ordenó mejorar las condiciones en centros de California, incluyendo el acceso a personal médico adecuado, especialistas y medicamentos oportunos. También se han emitido fallos clave para que detenidos sin récord criminal y procesos legales en trámite tengan acceso a fianzas.
Existen demandas pendientes por retrasos en tratamientos de cáncer entre agosto y octubre de 2025 y por atención médica deficiente en Illinois.
En marzo de 2026, autoridades locales en California presentaron una demanda para obtener acceso a instalaciones de ICE y realizar inspecciones de salud pública, mientras que el estado de Maryland inició acciones legales para obtener registros sobre condiciones en un centro en Baltimore.
Tribunales también han ordenado restablecer visitas de supervisión sin previo aviso por parte del Congreso y reactivar oficinas encargadas de investigar negligencia y abuso. Sin embargo, la falta de personal en estas oficinas podría limitar su capacidad de fiscalización.
El informe concluye que el rápido incremento en detenciones, impulsado por políticas de deportación masiva, está presionando un sistema que ya presentaba debilidades estructurales, elevando los riesgos para la salud y la vida de las personas bajo custodia.
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