Ante la posibilidad de más operativos antimigrantes en otras localidades de Estados Unidos, el American Immigration Council refiere acciones legales previas de ciudades y Estados, para tratar de reducir abusos.
Los operativos antimigrantes, en forma de redadas y campañas de detención se han sucedido en el último año en varias localidades, como Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans, Portland, Oregón; Minneapolis, Minesota; Charlotte, Carolina del Norte y Lewiston; Maine.
El American Immigration Council destaca que “funcionarios estatales y alcaldías, que representan a estas comunidades implementaron nuevas políticas e iniciativas para proteger a los residentes en medio de la escalada federal”.
Esto no necesariamente los ha detenido, sin embargo en el marco de la ley y las garantías constitucionales de Estados Unidos, tales acciones son guía de como otras ciudades y estados pueden accionar legalmente para aminorar abusos y sufrir un menor impacto de estas acciones. Son acciones totalmente legales, administrativas y comunicacionales, que pueden usarse en otras localidades.
Demandas legales y libre expresión pacífica
- Presentación de demandas judiciales por parte de California, Illinois, Oregón y Minnesota para frenar o limitar operativos federales de inmigración, incluido el despliegue de la Guardia Nacional junto a agentes de ICE.
- Pronunciamientos públicos de autoridades locales advirtiendo que estos operativos exacerban tensiones comunitarias, socavan derechos civiles y aumentan riesgos de violencia.
Limitaciones estatales a la aplicación de la ley migratoria civil
- Aprobación de leyes estatales en California e Illinois que prohíben la aplicación de la ley migratoria civil en espacios sensibles como tribunales, escuelas y centros de salud.
- Ordenanzas municipales en ciudades como Chicago, Minneapolis y San José que impiden el uso de propiedades públicas para operativos migratorios.
- Implementación de señalización gratuita para propietarios privados que permite delimitar áreas no públicas y restringir el acceso de agentes federales.
Protocolos y capacitación institucional
- Creación de protocolos obligatorios para escuelas, centros de salud y oficinas públicas sobre cómo actuar ante la presencia de autoridades migratorias federales.
- Programas de capacitación para empleados municipales en ciudades como Portland, Los Ángeles y Seattle, enfocados en derechos, procedimientos y límites legales.
Mecanismos de rendición de cuentas
- Promulgación en Illinois de la Ley Bivens estatal (diciembre de 2025), que habilita demandas civiles por violaciones a derechos constitucionales durante operativos migratorios.
- Creación de comisiones y herramientas de documentación, como la Comisión de Responsabilidad de Illinois para investigar abusos en el área de Chicago.
- Lanzamiento de portales públicos en California y Nueva Orleans para reportar presunta mala conducta de agentes federales y difundir información de “Conozca sus derechos”.
Información pública y coordinación comunitaria
- Establecimiento de grupos de trabajo interinstitucionales, como el Grupo de Resiliencia de Seattle y mesas de coordinación en Los Ángeles, para anticipar y responder a operativos federales.
- Creación de centros de información en línea en estados como Illinois y Oregón, y en ciudades como Chicago y Portland, con recursos legales y comunitarios para personas migrantes.
- Difusión de mensajes públicos por parte de gobernadores y alcaldías para aclarar operativos, cuestionar justificaciones federales y exponer impactos económicos y sociales.
Estas experiencias muestran cómo los gobiernos estatales y locales han utilizado herramientas legales e institucionales disponibles para proteger a sus comunidades, sin contravenir el marco constitucional de Estados Unidos, y ofrecen referentes para otras jurisdicciones que enfrenten escenarios similares.
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