Recurso de la Fiscal General ante la Corte de Constitucionalidad para pedir represión contra críticas y protestas ciudadanas pacíficas implica peligro para la garantía constitucional de Libre Emisión del Pensamiento y debe ser rechazado.
Acciones del Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral desarrolladas después de la primera vuelta electoral, del 25 de junio pasado, buscaron impedir la participación del partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta pero un amparo de la Corte de Constitucionalidad garantizó la realización de esta votación, el 20 de agosto último.
Por voto de 2.3 millones de guatemaltecos, el candidato Bernardo Arévalo es el presidente electo según los datos preliminares y para la siguiente semana se espera la oficialización de los resultados.
El voto de la ciudadanía es la máxima expresión de la soberana voluntad en un marco democrático. Cualquier intento por bloquearlo es ilícito y constituye un posible delito, lo cual es aún más grave si es impulsado por funcionarios públicos.
El 23 de agosto, apenas 3 días después de los comicios, el Ministerio Público, cuya titular es la Fiscal General Consuelo Porras, solicitó el retiro de antejuicio contra tres magistrados del TSE, por el caso de la fallida inscripción de Manuel Baldizón, expresidenciable y exconvicto por lavado de dinero narco en Estados Unidos. Dicha inscripción fue anulada por el pleno de magistrados del TSE, pero el MP se basa en denuncias previas, una de las cuales ya fue retirada por su interponente.
Grupos ciudadanos han manifestado de manera pacífica durante varias semanas frente a la sede del Ministerio Público, en el barrio Gerona, zona 1 capitalina, en contra del acoso del MP en contra del Partido Semilla, cuya cancelación pidió el fiscal Rafael Curruchiche, pero que es inviable por prohibición expresa en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional.
Tras la victoria de Arévalo en las urnas, prosiguen las acciones que a todas luces buscan socavar la voluntad manifestada en las urnas. A través de redes sociales, medios de comunicación y en plantones, cientos, miles de ciudadanos expresan su desacuerdo y además demandan la dimisión de la Fiscal General porque sus decisiones son claramente antidemocráticas.
El «amparo» solicitado a la CC es venenoso porque exige acallar las protestas e incluso llama al Presidente, al ministro de Gobernación y al director de la Policía a utilizar la fuerza en contra de los ciudadanos, a pesar de que son manifestaciones pacíficas. El derecho de solicitar amparo es de todo ciudadano pero es ilógico que se use para vedar otros derechos claramente fijados en la Constitución.
Dicho «amparo» NO debe ser otorgado porque es una censura, porque veda garantías como el derecho de petición, el derecho de acción y el derecho de libre expresión. La Constitución misma señala que no constituyen delito las críticas en contra de funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de dichos puestos.
SoyMigrante.com rechaza todo intento de criminalizar la libre expresión. Todo funcionario público está sujeto a la ley y debe rendir cuentas de sus actos. Atentar contra la democracia, irrespetar la voluntad soberana o intentar un sabotaje a la oficialización de resultados constituyen serios delitos y una expresión deleznable de prepotencia y abuso de poder.
La Libre Emisión del Pensamiento es la piedra fundamental de la democracia y no puede ser vetada, amenazada o reprimida por ninguna autoridad, porque de hacerlo desacata el sustento que le da razón de ser a su función. Las libertades constitucionales deben prevalecer y el respeto a la voluntad ciudadana en los comicios debe imperar.
Así como la CC defendió la segunda vuelta electoral debe defender, con ahínco, la Libre Expresión o dejaría de cumplir su función institucional.
