Gobierno de Guatemala debería prevenir, a través de sus consulados, acerca de qué Estados tienen leyes o medidas contra migrantes sin estatus migratorio regular. Algunas están suspendidas por jueces federales.
Por Fernando Castro, experto en análisis de migración
Leyes antiinmigrantes en Estados Unidos han proliferado, sobre todo en ciertos estados republicanos, siendo en la actualidad, nueve entidades estatales de la Unión Americana que implementaron leyes y medidas antimigrantes.
Los primeros fueron los gobiernos republicanos de los estados de Texas y Florida en momentos en los que la temática migratoria es un argumento principal y fundamental de las próximas elecciones presidenciales a realizarse en noviembre del presente año en dicho país.
A grandes rasgos, todos los proyectos de ley antiinmigrante, contemplan básicamente la toma de tareas migratorias por parte de fuerzas estatales, pese a que constitucionalmente solo el gobierno federal puede aplicar leyes de esa materia. Se debe destacar que ha habido una tendencia creciente, a que las asambleas legislativas estatales, sobre todo republicanas, presenten y aprueben proyectos de ley sobre temas relacionados con la migración, poniendo a prueba los límites de hasta dónde pueden llegar sus autoridades, en un desafío a la administración federal.
A continuación detallo los estados en los cuales se han implementado leyes o medidas antimigrantes en los Estados Unidos, siendo:
Texas y la ley SB4, actualmente en suspenso
El gobernador republicano Greg Abbott, un gran simpatizante del ex presidente Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre por el partido republicano, promulgó una ley SB 4 que una corte de apelaciones mantiene en suspenso actualmente.
El texto de dicha ley, permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que cruzan ilegalmente a este estado sureño desde México.
La ley, conocida como SB4, también prevé penas de 6 meses y pago de US $2000 dólares en primer intento de ingresar,y por reintento de ingresar hasta 20 años de prisión para los migrantes que crucen la frontera ilegalmente tras haber sido expulsados de EEUU.
Florida: juez dejó en suspenso ley SB1718
El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una legislación con medidas estrictas, estableciendo que : todo aquel que transporte a una persona que haya entrado ilegalmente a los EEUU, se arriesga a cinco años de prisión y a una multa.
Además exige a las empresas pequeñas que verifiquen el estado migratorio de sus empleados, de no hacerlo se verán afectadas con sanciones económicas de US$1,000 diarios o el cierre definitivo.
Entre otras restricciones, la ley SB1718, que entró en vigor en 2023, establece que las licencias de conducir de otros estados pierden validez en el Estado de Florida, si el migrante se halla de forma ilegal en EEUU.
Este jueves 23 de mayo de 2024, un juez federal dejó en suspenso temporalmente la ley SB1718
Iowa
La gobernadora republicana Kim Reynolds, firmó recientemente una ley en virtud de la cual un migrante se expone a hasta dos años de cárcel, si se demuestra que ha entrado ilegalmente a dicho estado. Está previsto que entre en vigor el uno de julio.
Alabama
En el Estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos, un proyecto de ley presentado, permitiría a la policía local realizar arrestos o investigaciones basadas en el estatus migratorio de una persona.
West Virginia
Un proyecto de ley presentado en este estado del noreste de la Unión Americana, exige que los empleadores con más de 15 trabajadores utilicen el sistema E-Verify, un mecanismo administrado a nivel federal que verifica que la persona está autorizada a trabajar.
Actualmente, algunos empleadores ya exigen E-Verify y este proyecto de ley extendería el requisito a un mayor número de empresas en todo el estado, lo que provocará que inmigrantes busquen otros estados para trabajar, debido a su situación irregular.
Georgia
El estado de Georgia, en el sureste de EEUU, aprobó recientemente un proyecto de ley HB 1105 que exige que las autoridades locales y estatales, realicen la verificación del estatus migratorio de las personas arrestadas y de aquellas que se encuentran detenidas, o si existe una causa probable de que hayan cometido un delito, entrará en vigencia el 1 de julio del presente año.
También establecería nuevos requisitos sobre cómo los funcionarios penitenciarios deben verificar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si se sabe que hay personas en el país sin documentos.
Convertiría en culpables de un delito menor a los alguaciles que no verifiquen su estatus migratorio y negaría fondos estatales a las cárceles y alguaciles que no cooperen.
Oklahoma
Este estado del centro-sur de la Unión Americana, sus autoridades han aprobado un proyecto de ley HB 4156, que crea el delito de “ocupación inadmisible”, el cual permite a las autoridades locales y estatales, realizar arrestos a personas sin la documentación necesaria para vivir en EEUU. Se expone a penas de prisión, entra en vigor el 1 de julio del presente año.
Tennessee
En este estado del centro-sureste de EEUU, se aprobó recientemente un proyecto de ley que exige que las autoridades locales y estatales, transmitan información a las federales, si descubren que un ciudadano se halla en dicho país de forma ilegal y que ayuden a detenerlo y deportarlo.
New Hampshire
Existe un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de este estado del noreste de EEUU, que fue aprobado por el Senado y que proporcionaría exenciones fiscales a los propietarios de tierras para que coloquen carteles de prohibido violar la propiedad privada.
Esto permite a las autoridades estatales, realizar arrestos a los migrantes que cruzan desde Canadá por cargos de violación de propiedad privada.
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En este breve resumen, la situación antiinmigrante va en crecimiento y lo lamentable, es que las instituciones vinculadas a brindar atención y protección a inmigrantes, tanto en Estados Unidos a través de los Consulados de los países, no dan la información para orientar a connacionales, necesaria realizar en castellano como en idiomas mayas.
También en el caso de Guatemala, dar a conocer las normativas antiinmigrantes, para que familiares, puedan conocerlas y trasladarlas a sus seres queridos en EEUU, ya que normalmente se comunican semanalmente a Guatemala.
El no realizarlo, constituye una irresponsabilidad por parte de los funcionarios hacia la población inmigrante, que sostiene la economía del país y está totalmente desatendida de prioridades informativas de actualidad antiinmigrante, carentes de pasaportes y de orientación legal en caso de ser capturados, muestra del desinterés de apoyarles, es la triste realidad, que debería cambiar en la actual administración de gobierno.
