Legisladores de Texas deben decidir sobre cambio que impide registro de vehículos a migrantes indocumentados, que ya está costando millones de dólares en pérdidas al Estado por caída en ingresos por trámite, caída de ventas de dealers, autopartes y servicios asociados.
Un cambio administrativo en los criterios aplicados por el Departamento de registro de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas, que impide a migrantes indocumentados registrar o renovar permisos de circulación de vehículos, no solo causa confusión sino los pone en riesgo de detención, lo cual a su vez amenaza con romper familias. Pero también causa pérdidas económicas enormes al Estado.
Dicha medida ha sido aplicada de forma desigual entre condados: mientras algunos son más tolerantes hacia la población migrante, especialmente hispana, hay otros que refuerzan la nueva línea restrictiva: lo cual impide a personas sin estatus migratorio regular renovar el registro de sus vehículos, lo que las expone a ser considerados transgresores de la ley y ser sometidos a detenciones, aunque sean productivos, laboriosos, con años de vivir y pagar impuestos en USA.
Cambio súbito, inconsulto y lesivo
Sin embargo, al no poderse registrar vehículos -nuevos o usados- los vendedores de vehículos del Estado han tenido caídas de ventas hasta del 80 por ciento; así también quienes estaban pagando un vehículo a crédito, pero ya no pueden renovar el permiso, lo devuelven, con lo cual caen los ingresos de financieras. Y esto sin tomar en cuenta los ingresos al DMV por concepto de pago de permisos.
El experto en trámites fiscales guatemalteco radicado en Texas, Pablo Higueros, ha explicado este cambio en videos de redes sociales: “Hasta noviembre de 2025, la ley de tránsito de Texas permitía registrar y renovar placas vehiculares a cualquier persona que demostrara residencia en el estado, aceptando como documento un ID de residente o también un pasaporte, sin especificar país de origen o estatus legal”, explica Higueros.
Esa interpretación fue modificada casi de un día para otro. Es decir sin un proceso legislativo formal: solo se aplicó una directriz administrativa en el DMV, impulsada desde el ámbito político estatal, por un congresista de postura antimigrante. “Se comenzó a exigir que el pasaporte debía tener una visa válida” (y es justo lo que cientos de miles de migrantes indocumentados no tienen, aunque trabajan, producen y cumplen todas sus obligaciones), según Higueros Durini, quien a través de videos en sus redes sociales suele explicar trámites y obligaciones en USA.
Desde el 19 de noviembre de 2025, varios condados comenzaron a exigir que el pasaporte presentado esté acompañado de una visa válida: requisito imposible de cumplir para personas indocumentadas. Aunque algunos condados se han negado a aplicar el cambio por su impacto comunitario, otros lo implementaron de inmediato, generando una confusión de criterios.
Sesgo antimigrante de puede notar
Pero el efecto va más allá del trámite. Circular con placas vencidas o sin registro válido -a causa de la nueva prohibición aplicada- constituye una infracción que permite a la policía realizar una detención con “causa probable”. En condados que aplican el programa federal antimigrante 287(g), esto puede traducirse en una entrega directa a autoridades migratorias, sin pasar por un juez, agravandoel riesgo de deportación.
Higueros Durini expuso esta situación el 21 de enero de 2025, en una audiencia pública y colectiva ente el Congreso estatal de Texas, señalando que la medida no solo afecta a pequeños negocios y concesionarios de vehículos, sino que crea un mecanismo que facilita la detención de personas migrantes sin récord criminal. Participaron representantes de varias industrias y sectores afectados por el cambio implementado de un día para otro.
“No es solo un tema económico; es una política que impacta directamente a familias y comunidades enteras, porque en Texas los migrantes son parte de la productividad y del aporte en impuestos al Estado”, advirtió.
Otro de los aspectos preocupantes es el uso de tecnologías de vigilancia conectadas mediante inteligencia artificial, en contra de la población migrante: Sistemas de cámaras instaladas en semáforos y carreteras captan placas y rostros en tiempo real, cruzando esa información de manera automática con bases de datos del DMV y otras agencias.
Un vehículo con registro vencido puede activar alertas que llegan directamente a patrullas cercanas, facilitando detenciones aunque el conductor nunca haya cometido otra falta adicional. “Esto también conducirá a la separación de familias”, explica Higueros ante la asamblea estatal. “Si ustedes permiten esto seguir, se detendrá a personas por un trámite que no se les ha permitido hacer. Es gente trabajadora que podría enfrentar detenciones”, dijo Pablo Higueros ante la asamblea.
Pérdidas económicas crecerán si medida sigue
“Los concesionarios de vehículos reportan caídas de hasta 90 % en ventas y una reducción drástica en el pago de impuestos estatales vinculados a la industria automotriz. En efecto, durante las audiencias públicas, la mayoría de los testimonios de representantes de sectores afectados se centraron en las pérdidas financieras”, cuenta Higueros.
El tema se retomará el 12 de febrero, cuando autoridades del DMV y representantes estatales evalúen si la interpretación de la norma se convierte en ley o si se revierte para seguir permitiendo el registro de vehículos a indocumentados”.
Por ser año de elecciones, esta decisión puede marcar no solo el tema automotriz, sino también el apoyo a los legisladores por el impacto económico de la política antimigrante. Se calcula que entre 1.6 millones y 2 millones de migrantes indocumentados viven en Texas, entre ellos unos 276 mil guatemaltecos, según cifras consulares.
Higueros hace una inferencia muy simple: Si la mitad de estos migrantes tiene un vehículo y por el trámite de placas o calcomanía de permiso paga US$150 dólares, tan solo por pago de trámite, el Estado dejaría de percibir US$120 millones. Si a eso se le suman los impuestos de compra de carros nuevos, la caída de ventas en autopartes, llantas y servicios asociados, la economía estatal tendría una fuerte caída.
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