Restricciones y limitaciones a cobertura de salud impulsadas por actual gobierno dejarán sin servicio a miles de migrantes, como la salvadoreña Rosa Carranza, maestra preescolar en Oakland, California.
El artículo original de Vannesa F. Sánchez fue publicado en KFF Health News en colaboración con El Tímpano. Reproducido bajo licencia Creative Commons.
Rosa María Carranza, migrante salvadoreña y especialista en desarrollo infantil, es cofundadora de Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión inglés-español ubicado en las colinas boscosas del noreste de Oakland, California donde niños pequeños aprenden explorando la naturaleza.
A sus 67 años, Rosa continúa guiando a sus estudiantes entre árboles y senderos, combinando décadas de experiencia educativa con una vocación marcada por su propia infancia en El Salvador, donde creció rodeada de ríos y espacios abiertos. Pero actualmente afronta la angustia de perder la cobertura de salud a partir de enero de 2027, pese a haber aportado durante 24 años para poder contar con ese servicio.
Una vida dedicada a la educación y al cuidado infantil
Carranza llegó a Estados Unidos en 1991, en medio de la guerra civil salvadoreña, con el objetivo de trabajar y enviar dinero a sus tres hijos, a quienes dejó temporalmente en su país de origen. Tras años de trabajo como cuidadora y maestra sustituta en el Área de la Bahía de San Francisco, obtuvo un título en desarrollo infantil en el City College of San Francisco.
En 2001 accedió al Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa aprobado por el Congreso en 1990 que permite vivir y trabajar legalmente en el país a personas provenientes de naciones afectadas por conflictos armados o desastres naturales.
Durante más de tres décadas, Carranza ha trabajado con niños y adolescentes, aportando durante 24 años al sistema de Medicare y al Seguro Social. Al reducir su jornada laboral el año pasado, esperaba contar con estos beneficios en su jubilación.
Incertidumbre ante cambios en políticas migratorias y de salud
Sin embargo, la ley federal One Big Beautiful Bill Act, firmada por el presidente Donald Trump, en 2025, excluye del acceso a Medicare a varias categorías de inmigrantes con presencia legal, incluidos beneficiarios de TPS, refugiados y solicitantes de asilo. Carranza forma parte de un estimado de 100 mil inmigrantes que podrían perder su cobertura médica antes de enero próximo, pese a haber contribuido al sistema durante años.
Expertos en salud advierten que la medida no tiene precedentes y podría provocar que adultos mayores retrasen atención médica, aumentando el riesgo de enfermedades graves. Carranza, quien recientemente fue diagnosticada con hipertensión y artritis, teme no poder costear consultas médicas sin su cobertura actual.
Meses atrás, un error administrativo suspendió temporalmente sus beneficios de jubilación y su seguro médico, lo que la dejó sin ingresos para pagar la renta. Aunque recuperó sus beneficios tras gestiones con autoridades federales, la experiencia aumentó su preocupación sobre el futuro.
En su hogar en Oakland, Carranza conserva una caja con documentos acumulados durante años —licencias de conducir, tarjeta del Seguro Social y permisos de trabajo— que evidencian su larga trayectoria laboral y su presencia legal en el país. “Mi vida está en esta caja”, afirma, reflejando la incertidumbre que enfrenta tras más de 30 años viviendo y trabajando en Estados Unidos.
