Aunque autoridades federales migratorias señalan que el porcentaje de madres embarazadas o lactantes es una minoría de las detenciones, los métodos de arresto y condiciones de detención son cuestionados por organizaciones de derechos.
La detención de mujeres embarazadas, en periodo posparto o en etapa de lactancia dentro del sistema migratorio de Estados Unidos continúa ocurriendo en el contexto de operativos de control migratorio, incluso en situaciones médicamente sensibles que ponen vidas en riesgo. Registros oficiales, expedientes judiciales y testimonios de mujeres muestran casos de traslados entre centros de detención, acceso irregular a controles prenatales y deportaciones en medio de condiciones de salud en desarrollo.
De acuerdo con un reporte publicado el 18 de marzo de 2026 por The 19th News, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026 al menos 363 mujeres embarazadas, en etapa de posparto o en lactancia fueron deportadas, mientras que 498 pasaron por centros de detención migratoria.
En ese mismo periodo se registraron 16 abortos espontáneos. Al 16 de febrero de 2026, 121 personas permanecían detenidas bajo estas condiciones, incluidas nueve en el tercer trimestre de embarazo.
Deficiente atención médica a embarazadas
Aunque el DHS sostiene que estas personas representan el 0.18 % de la población detenida y que reciben atención médica conforme a estándares establecidos, los reportes periodísticos documentan experiencias diversas en el acceso a servicios de salud. Según otro reportaje publicado por The 19th News, testimonios y expedientes judiciales describen consultas médicas esporádicas, retrasos en la atención ante síntomas y limitaciones en el seguimiento de embarazos.
Uno de los casos es el de Amanda Isabel Fanego Cardoso, detenida en septiembre de 2025 con aproximadamente 11 semanas de embarazo. Durante su custodia fue trasladada entre cinco centros de detención. Según su testimonio, recibió atención médica limitada y no fue sino hasta después de su liberación que médicos externos le diagnosticaron condiciones como preeclampsia y diabetes gestacional.
Otro caso documentado es el de Cecil Elvir-Quinonez, migrante centroamericana detenida en enero de 2026 mientras estaba embarazada y amamantaba a un bebé de cinco meses. Tras presentar sangrado y cólicos, fue atendida en una sala de emergencia el 6 de enero, pero posteriormente trasladada a un centro en Luisiana, donde —según su familia— no recibió seguimiento médico pese a la persistencia de síntomas. Fue deportada a Honduras el 5 de marzo de 2026.
En California, Marianela León Espinoza, detenida en julio de 2025 con un embarazo considerado de alto riesgo, tuvo una única consulta médica durante casi dos meses de detención, según documentos judiciales citados en el reportaje.
Cary López estuvo arrestada pese a ser ciudadana
El contexto también incluye el caso, publicado el 20 de octubre de 2025 por The 19th News, que documentó la detención de Cary López Alvarado, ciudadana estadounidense, quien fue arrestada el 8 de junio de 2025 en Hawthorne, California, cuando tenía nueve meses de embarazo. Fue detenida junto a su pareja, un inmigrante originario de Guatemala durante un operativo. Posteriormente, las autoridades confirmaron su ciudadanía y procedieron a liberarla; días después dio a luz tras acudir a un hospital por dolor abdominal.
En ese mismo reportaje se recoge la experiencia de Antonia Aguilar Maldonado, originaria de El Salvador y madre en periodo de lactancia, detenida en Minnesota. Según su representación legal, el centro no contaba inicialmente con extractor de leche, lo que obligó a improvisar condiciones para continuar la lactancia.
Denuncias de organizaciones humanitarias
Un informe citado por The 19th News, elaborado por la Women’s Refugee Commission y Physicians for Human Rights, recoge entrevistas realizadas en Honduras a personas recientemente deportadas. Entre ellas había mujeres embarazadas y en posparto que reportaron acceso limitado o inexistente a atención médica, así como dificultades relacionadas con alimentación, agua potable y separación de sus hijos.
Personal médico en ese país también documentó casos de mujeres que requirieron atención de emergencia tras su deportación, incluyendo una paciente con aborto retenido que no recibió tratamiento durante su detención en Estados Unidos.
Política migratoria y limitación de datos
Estos registros se producen en un contexto en el que, desde 2021, una política federal establece que las personas embarazadas, en posparto o en lactancia no deben ser detenidas salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, tanto los datos oficiales como los casos documentados en reportes periodísticos y judiciales muestran que estas detenciones continúan ocurriendo.
La información disponible sigue siendo limitada debido a la política antimigrante actual. Hasta 2025, el gobierno estadounidense publicaba reportes periódicos con cifras detalladas sobre esta población, pero esa práctica fue suspendida, lo que ha reducido la visibilidad estadística del fenómeno y ha trasladado el seguimiento a solicitudes legislativas, litigios y cobertura periodística especializada.
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