Jueza federal Maame E. Frimpong lanzó una orden judicial preliminar contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración (ICE) al señalar que bloquearon o entorpecieron el acceso de abogados a migrantes detenidos en Los Angeles.
Una jueza federal volvió a advertir, el viernes último, al gobierno de Estados Unidos por violar los derechos constitucionales de inmigrantes detenidos en el centro de procesamiento B-18, en el centro de Los Ángeles, al restringir su acceso a abogados y obstaculizar su derecho al debido proceso.
La jueza Maame E. Frimpong otorgó una orden judicial preliminar contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al concluir que las agencias probablemente violaron derechos consagrados en la Quinta Enmienda al impedir que las personas detenidas tengan comunicación legal significativa con sus representantes.
Evidencia de obstrucción al acceso legal
La decisión se basa en múltiples informes que describen cómo los detenidos en B-18 han sido mantenidos en condiciones que hacen imposible ejercer derechos como hablar con un abogado: falta de acceso a teléfonos, rechazo en las visitas presenciales y presiones para firmar documentos legales sin asesoría previa.
Los abogados también reportaron que las autoridades exigían reuniones “a puerta abierta” y con agentes de ICE presentes, bajo el argumento de que los defensores podían “susurrar” para mantener la confidencialidad. La jueza rechazó este argumento del gobierno por violar estándares mínimos de privacidad.
El centro denominado B-18, en Los Angeles, —diseñado originalmente para detenciones breves— ha albergado por días a personas, incluidas mujeres embarazadas, adultos mayores y menores, muchas veces sin acceso a medicamentos, artículos de higiene o comunicación con defensores legales.
Incumplimientos persistentes
En julio la misma jueza ya había ordenado a ICE habilitar acceso a llamadas confidenciales y visitas diarias de abogados, el cumplimiento ha sido irregular:
La jueza también autorizó un proceso acelerado de entrega de documentos y evidencia sobre posibles violaciones a la Cuarta Enmienda, incluyendo detenciones de migrantes sin causa probable y operativos basados en perfilamiento racial en el sur de California.
Es el primer caso de redadas migratorias bajo la gestión de la secretaria Christy Noem que avanza a etapa de descubrimiento de pruebas.
Reacciones: “La Constitución no se detiene en la puerta de un centro de detención”
El fallo provocó una ola de reacciones de organizaciones legales de apoyo a migrantes y derechos humanos.
Mark Rosenbaum, de Public Counsel, celebró que la corte dejara claro que “el gobierno no puede encerrar a personas y cortarles el acceso a sus abogados”.
Desde el Immigrant Defenders Law Center , el director de Litigio y Defensa, Álvaro M. Huerta, afirmó:
“El fallo envía un mensaje rotundo: la garantía constitucional de acceso a un abogado no es condicionada. Le pertenece a todos, sin importar el idioma que hablen, el color de su piel o su estatus migratorio. El gobierno no puede aplastar derechos para ejecutar su agenda de deportaciones masivas”.
La ACLU del Sur de California señaló que la negación de acceso a consejería legal forma parte de un “patrón más amplio de deshumanización” contra comunidades inmigrantes.
Angelica Salas, directora de CHIRLA, afirmó que la decisión “ayudará a exponer la ilegalidad del perfilamiento racial del gobierno en Los Ángeles”.
También reaccionaron organizaciones laborales como el Los Angeles Worker Center Network y la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), que calificaron la resolución como una victoria contra los abusos de poder que afectan a trabajadores inmigrantes.
La presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), Teresa Romero, resaltó que “los trabajadores agrícolas, como todos en este país, tienen derecho al debido proceso, incluido acceso a un abogado”.
Lo que sigue
El caso continúa su curso judicial, pero la orden preliminar obliga al gobierno a cumplir de inmediato con todos los requisitos de acceso, privacidad y comunicación legal. La jueza advirtió que cualquier nuevo incumplimiento podría generar medidas más severas.
La decisión se suma a un creciente escrutinio sobre las prácticas de ICE en California, en medio de denuncias de detenciones sin orden judicial, uso excesivo de fuerza y operativos dirigidos contra comunidades latina
