Por posibles ilegalidades en su detención, juez federal ordena liberar directamente a 13 personas capturadas por ICE y que otras 600 puedan salir bajo fianza antes del 21 de noviembre.
CHICAGO — El juez federal Jeffrey Cummings, del Distrito Norte de Illinois, ordenó este jueves a la administración Trump la liberación de cientos de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras considerar que pudieron haber sido arrestadas sin orden judicial ni causa probable, en violación del decreto de consentimiento federal conocido como Castañón Nava.
La resolución exige la liberación inmediata de 13 personas que el propio gobierno reconoció como detenidas ilegalmente, y dispone que otras 615 ingresen a programas alternativos de supervisión —como libertad bajo fianza o monitoreo electrónico— a más tardar el 21 de noviembre, mientras el tribunal decide si los arrestos incumplieron el acuerdo judicial.
El juez Cummings también instruyó al ICE a suspender deportaciones y procesos de salida voluntaria de quienes esperan ser liberados bajo alternativas a la detención. Sin embargo documentos preliminares entregados por la administración Trump indican que hasta 1,100 de las 1,852 personas detenidas en el área de Chicago antes del 7 de octubre podrían haber sido deportadas sin el debido proceso o forzadas a optar por la salida voluntaria para evitar estancias prolongadas en centros de detención descritos como inhumanos por organizaciones civiles y que atentan contra derechos humanos.
Las 615 personas que podrían ser liberadas fueron detenidas entre el 11 de junio y el 7 de octubre de 2025. Además, el Departamento de Seguridad Nacional deberá entregar antes del 19 de noviembre un listado completo de todas las detenciones realizadas por ICE y CBP desde el 11 de junio hasta la fecha.
Las órdenes surgieron durante una audiencia sobre el cumplimiento del decreto de consentimiento de 2022, derivado de una demanda colectiva presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la ACLU de Illinois en representación de organizaciones comunitarias y demandantes individuales que denunciaron arrestos sin fundamento legal y perfiles raciales durante la primera administración Trump.
Mark Fleming, director asociado de litigios del National Immigration Justice Center, celebró la decisión: “Agradecemos que el juez comprenda la urgencia y haya ordenado la liberación de personas que permanecen en centros de detención inhumanos. Las comunidades de Chicago han sufrido traumas por acciones caóticas y violentas de ICE. Es posible que cientos de familias ya hayan sido separadas permanentemente”, advirtió.
Desde la ACLU de Illinois, su subdirectora legal Michelle Garcia subrayó el alcance inmediato de la orden: “Hoy fue un buen día. Trece personas serán liberadas de manera inmediata y más de 600 podrían volver a sus hogares en una semana mientras se determina si sus arrestos violaron el acuerdo judicial. El tribunal está exigiendo responsabilidades al ICE y a la CBP por violar la ley”.
Fred Tsao, asesor principal de políticas de la ICIRR y uno de los demandantes, calificó el fallo como “una gran victoria para la comunidad y para el estado de derecho”. Señaló que la decisión “expone la ilegalidad con la que agentes federales han intensificado sus operativos, separando familias y sembrando terror en barrios enteros”, y añadió que la resolución envía un mensaje claro: “Esta ilegalidad debe terminar”.
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