Crecimiento sin precedentes de detenciones migratorias en Estados Unidos en 2025. Pero aunque el discurso oficial es que se captura a delincuentes, la gran mayoría de detenidos no tiene ningún récord criminal, señala MPI.
Tan solo en los primeros diez meses del segundo mandato de Donald Trump, el sistema de detención migratoria de Estados Unidos alcanzó el nivel más alto de su historia. El número de personas detenidas por motivos migratorios pasó de unas 39 mil en enero de 2025 a un récord de 61 mil en agosto, señala un análisis de Migration Policy Institute. Hasta el 18 de diciembre rondaba los 68 mil (según monitoreo de The Guardian). Ninguna administración anterior había superado un promedio diario de 50,200 personas detenidas.
Este crecimiento acelerado está respaldado por un fuerte aumento del presupuesto. La ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio, asigna 45 mil millones de dólares para detención migratoria en tres años (unos 14 mil millones anuales). Esto triplica el presupuesto previo de ICE y hace que el gasto anual en detención migratoria sea incluso mayor que el de todo el sistema federal de prisiones de Estados Unidos.
Compañías privadas manejan la mayoría de centros de detención migratorios
La detención es una pieza clave de la estrategia del gobierno para ampliar las deportaciones, con el objetivo declarado de expulsar hasta un millón de personas por año. En promedio, las personas pasan 44 días detenidas y cada detención cuesta alrededor de 152 dólares diarios.
Para aumentar tan rápido la capacidad, el gobierno ha recurrido a instalaciones no tradicionales: cárceles estatales en zonas rurales, estructuras temporales tipo carpas, bases militares e incluso centros en otros países. Un papel central lo juegan las empresas privadas de prisiones, que manejan cerca del 86 % de los centros de detención migratoria y se perfilan para recibir miles de millones de dólares con la expansión del sistema.
Además de los centros administrados directamente por ICE, muchas personas migrantes también son retenidas en cárceles estatales y locales, especialmente en estados como Texas, Florida y Luisiana. Algunos de estos centros han sido rebautizados con nombres irrisorios como “Alligator Alcatraz” o “Deportation Depot”. Las personas detenidas en estas instalaciones no siempre aparecen en las cifras oficiales de ICE.
Reiteradas denuncias de abusos contra migrantes detenidos
Aunque la detención migratoria es de carácter civil —su objetivo legal es asegurar que la persona comparezca ante un juez y pueda ser deportada, no castigarla—, el gobierno ha resaltado públicamente su dureza. Altos funcionarios han realizado visitas mediáticas a los centros y han difundido mensajes e imágenes en redes sociales que buscan desalentar la migración e incentivar la “autodeportación”.
Al mismo tiempo, se han reportado condiciones preocupantes en muchos centros: hacinamiento, comida en mal estado, falta de agua potable, iluminación constante, escaso acceso a duchas, ropa limpia y atención médica.
En el año fiscal 2025 se registraron al menos 23 muertes bajo custodia migratoria, casi tantas como en los cuatro años anteriores combinados. El Departamento de Seguridad Nacional niega estas denuncias y afirma que se cumplen los estándares.
Pese al discurso oficial que presenta a las personas detenidas como “criminales”, los datos muestran otra realidad: cerca del 71 % de quienes estaban bajo custodia de ICE en septiembre de 2025 no tenía ninguna condena penal. Entre quienes sí enfrentaban cargos, la mayoría eran faltas menores, como infracciones de tránsito.
El gobierno amplió de forma significativa quiénes pueden ser detenidos de manera obligatoria, incluyendo a personas que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos. Esta política ha sido cuestionada en tribunales y su legalidad aún no está definida. También se reanudó la detención de familias migrantes, una práctica que había sido suspendida en 2021.
Aunque el número de familias detenidas sigue siendo relativamente bajo, una nueva disposición legal permite la detención indefinida de familias mientras esperan una decisión migratoria, lo que podría generar más litigios.
Dificultades para la defensa y presiones para la "autodeportación"
Las condiciones de detención, sumadas a traslados frecuentes y a centros ubicados en zonas remotas, dificultan que las personas accedan a abogados y mantengan contacto con sus familias. Estudios citados indican que la detención prolongada lleva a muchas personas a abandonar solicitudes de asilo o protección y optar por la salida voluntaria. En 2025, unas 25 mil personas reportaron su “autodeportación” a través de una aplicación oficial del gobierno.
El sector privado obtiene beneficios adicionales dentro del sistema: las personas detenidas pagan por llamadas telefónicas y artículos básicos vendidos a precios altos, y algunas trabajan dentro de los centros por salarios de hasta un dólar diario.
Los gobiernos estatales y locales, especialmente en zonas rurales, también ven la detención migratoria como una fuente de ingresos y empleos, lo que explica por qué muchos centros nuevos se ubican lejos de grandes ciudades y en jurisdicciones donde las probabilidades de liberación son bajas.
Aunque el sistema de detención migratoria existe desde hace más de un siglo, su crecimiento actual es resultado de políticas acumuladas de distintos gobiernos. La rapidez y magnitud de la expansión bajo la actual administración plantean dudas sobre sus consecuencias a largo plazo: qué pasará con estos centros si disminuyen las detenciones, y cómo afectará de forma duradera a las personas migrantes, sus familias y comunidades.
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