Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) analiza ofensiva contra migrantes y apoya en la presentación de recursos judiciales por detenciones de ICE que podrían estar infringiendo leyes y derechos, reporta medio Verité News.
Mientras el número de personas recluidas en centros de detención migratoria en Estados Unidos alcanza niveles récord bajo la administración de Donald Trump, también ha aumentado el número de casos presentados en tribunales federales por inmigrantes que afirman que su detención es ilegal.
En el Estado de Luisiana —que durante los últimos años ha mantenido una de las mayores poblaciones de inmigrantes detenidos en el país— el número de demandas por detención indebida presentadas en tribunales federales se ha disparado desde que la agenda de detención y deportación masiva del presidente Trump comenzó en enero de 2025.
El enfoque de la administración para la aplicación de las leyes migratorias ha provocado que muchas personas que en años anteriores no habrían sido prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permanezcan durante largos periodos en detención civil migratoria.
Datos recopilados por ProPublica muestran que las solicitudes de habeas corpus —que permiten a una persona argumentar que ha sido encarcelada ilegalmente— en tribunales federales de todo el país aumentaron a aproximadamente 2,000 peticiones por semana en febrero, en comparación con poco más de 20 casos semanales registrados en ese mismo mes del año anterior.
Aumento acelerado de peticiones de habeas corpus
Los tribunales federales de Luisiana también han registrado un fuerte incremento en los casos de habeas corpus presentados por inmigrantes. Un análisis de Verite News sobre registros judiciales encontró que los inmigrantes han presentado al menos 752 casos de este tipo desde el inicio del segundo mandato de Trump, de los cuales 378 se interpusieron solamente en los primeros dos meses de 2026. En contraste, durante todo 2024 —el último año de la presidencia de Joe Biden— se presentaron apenas 29 casos.
“Tenemos miles de casos que están siendo decididos sobre nuevas cuestiones que encajan claramente dentro del ámbito del habeas corpus”, afirmó Nora Ahmed, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana.
Casi todos esos casos se han presentado en el Distrito Oeste de Luisiana, que abarca 42 de las 64 parroquias del estado, desde Shreveport en el norte hasta la parroquia de St. Mary en el sur. Allí se encuentran la mayoría de los centros de detención migratoria del estado. Este distrito federal, considerado el más conservador de Luisiana, no incluye el centro de detención recientemente abierto en el campus de la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, conocido como “Louisiana Lockup”.
En febrero, después de que jueces del Distrito Medio de Luisiana fallaran a favor de inmigrantes detenidos en Angola en varios casos, el gobernador Jeff Landry —aliado de Trump y defensor de políticas migratorias más duras— impulsó que la parroquia de West Feliciana, donde se encuentra esa prisión, fuera trasladada al Distrito Oeste. La congresista Julia Letlow, quien compite contra el senador Bill Cassidy en las primarias republicanas de mayo, anunció que impulsaría una iniciativa legislativa para concretar ese cambio.
Desafíos legales a la detención prolongada
Desde 2022, Ahmed y una coalición de abogados y defensores de derechos de los inmigrantes han ingresado a centros de detención en Luisiana para impartir capacitaciones sobre el habeas corpus y otros recursos legales disponibles para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según explicó, los casos en los que inmigrantes alegan detenciones inconstitucionalmente prolongadas siempre han existido, pero la política migratoria más agresiva ha acelerado el fenómeno.
El mes pasado, la ACLU de Luisiana lanzó una nueva iniciativa dentro de su programa Justice Lab para reclutar abogados de todo el país que ayuden a presentar peticiones de habeas corpus, ante la falta de suficientes abogados de derechos civiles en el estado para atender el creciente número de casos.
Anteriormente, explicó Ahmed, la mayoría de las peticiones de habeas corpus en Luisiana provenían de solicitantes de asilo que, tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, eran colocados directamente en detención mientras avanzaban sus procesos de deportación.
Muchos de ellos presentaban estas peticiones después de permanecer detenidos más de seis meses, umbral a partir del cual —según precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos— la detención puede considerarse prolongada o indefinida si parece poco probable que el gobierno logre deportar a la persona.
Ahora, agregó Ahmed, hay más casos que alegan que la detención misma es inconstitucional, no solo su duración, debido a que el gobierno está arrestando a personas que han vivido durante largos periodos en Estados Unidos y que en muchos casos cuentan con protecciones humanitarias que impiden su deportación.
Ejemplos de casos cuestionables
Entre los casos citados por la ACLU se encuentra el de un hombre hondureño que vive en Estados Unidos desde 2005 y que recibió protección contra la deportación bajo la Convención contra la Tortura. A pesar de ello, fue trasladado al centro de detención conocido como Louisiana Lockup.
Otro caso involucró a un joven de 18 años originario de Guatemala, quien había recibido Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles y autorización de trabajo. Fue detenido por agentes de ICE mientras se dirigía a su empleo en Nueva York y trasladado a un centro de detención en Luisiana. Posteriormente, un juez federal ordenó su liberación inmediata mediante una orden de restricción temporal.
Ahmed afirmó que las tácticas utilizadas en los operativos migratorios —como agentes que usan máscaras o no se identifican durante los arrestos— contribuyen a que el público confunda el sistema migratorio con el sistema penal. “No es lo mismo”, dijo. “Se trata de detención civil, donde muchas personas prácticamente no tienen acceso a representación legal”.
Aunque algunos inmigrantes han logrado recuperar su libertad mediante estas acciones judiciales, los abogados señalan que estos casos siguen representando solo una pequeña fracción del total de personas detenidas en el sistema migratorio estadounidense. “Sigue siendo apenas una gota en el océano”, concluyó Ahmed.
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