Por William McCorkle, profesor asociado de Educación en el College de Charleston, Carolina del Sur, publicado originalmente en The Conversation
Todos los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a asistir a una escuela pública K-12 en Estados Unidos. Las escuelas no pueden recopilar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción. Este principio se mantiene desde 1982, cuando la Corte Suprema decidió el caso Plyler v. Doe.
Actualmente, legisladores republicanos en varios estados, incluidos Tennessee, Oklahoma y Ohio, están intentando aprobar leyes que cuestionan este precedente judicial. De aprobarse, estas medidas dificultarían o incluso impedirían que niños inmigrantes asistan a escuelas públicas.
En Estados Unidos viven aproximadamente 1.5 millones de menores de 18 años que son inmigrantes indocumentados, es decir, personas que residen en el país sin autorización legal. Se estima que entre 600,000 y 850,000 estudiantes indocumentados están matriculados en escuelas K-12.
El origen del precedente Plyler
En 1975, Texas aprobó una ley que permitía a los distritos escolares cobrar matrícula a estudiantes indocumentados o negarles la inscripción.
Siete años después, la Corte Suprema determinó que esa ley violaba la
Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El tribunal concluyó que el estatus migratorio no constituye una base racional suficiente para negar beneficios públicos otorgados a otros residentes. Durante más de cuatro décadas, este fallo ha impedido que los estados prohíban la educación pública a estudiantes indocumentados o que los discriminen por su situación migratoria.
En 1994, los votantes de California aprobaron la
Proposición 187, que buscaba negar servicios públicos a personas indocumentadas, incluida la educación. Un juez federal declaró la medida inconstitucional en 1998.
En 2011, Alabama aprobó una ley que obligaba a las escuelas a recopilar el estatus migratorio de los estudiantes. En 2012, la Corte Suprema determinó que esta medida era ilegal, señalando que tales requisitos podrían constituir discriminación o intimidación.
Una nueva ola de propuestas legislativas
El centro de pensamiento conservador The Heritage Foundation publicó en febrero de 2026 un documento de política pública que anima a los estados a impugnar el fallo Plyler v. Doe.
El documento sostiene que los inmigrantes en situación irregular no deberían acceder a beneficios gubernamentales, incluso a través de sus hijos, argumentando que esto podría afectar la asignación de recursos públicos.
En 2025, al menos cinco estados consideraron propuestas legislativas que dificultarían la inscripción de estudiantes indocumentados en escuelas públicas. Ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada definitivamente, aunque algunas siguen en discusión.
El Senado de Tennessee aprobó un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares excluir a estudiantes indocumentados. En marzo de 2026, la Cámara estatal aprobó una versión modificada que exigiría verificar el estatus migratorio de los estudiantes.
En Ohio, legisladores propusieron una medida que obligaría a las escuelas a reportar el estatus migratorio de los estudiantes al estado.
En Oklahoma, una resolución aprobada por la Junta de Educación requería que los padres demostraran la ciudadanía de sus hijos antes de inscribirlos en la escuela. La Cámara estatal bloqueó la propuesta meses después.
En Idaho, legisladores introdujeron un proyecto de ley en 2026 que exigiría verificar el estatus migratorio en escuelas públicas K-12.
En Texas, el gobernador Greg Abbott ha planteado cuestionar el precedente Plyler desde 2022, aunque actualmente no se analiza legislación específica.
En marzo de 2026, representantes del Texas Public Policy Foundation criticaron el fallo durante una audiencia en el Congreso estadounidense.
Educación superior: un panorama desigual
El fallo Plyler se refiere únicamente a educación primaria y secundaria (K-12), no a universidades, en donde el panorama es potencialmente aún más adverso.
En varios estados, los estudiantes indocumentados enfrentan mayores costos de matrícula o restricciones de acceso a universidades públicas.
Alabama y Carolina del Sur prohíben la inscripción de estudiantes indocumentados en universidades estatales.
En Georgia, los estudiantes indocumentados no pueden asistir a algunas de las principales universidades públicas, como University of Georgia o Georgia Institute of Technology. Estas políticas dificultan que los estudiantes indocumentados obtengan títulos universitarios y mejoren sus oportunidades profesionales.
Un derecho potencialmente frágil
Si se restringiera el acceso a la educación pública gratuita, también podrían verse afectados estudiantes solicitantes de asilo o hijos de padres indocumentados. El derecho de asilo forma parte de un conjunto de protecciones legales internacionales que podrían verse indirectamente impactadas.
Según el autor, estas iniciativas legislativas podrían tener efectos significativos tanto en las familias inmigrantes como en el sistema educativo estadounidense en general.
El acceso universal a la educación pública ha sido considerado durante mucho tiempo un principio fundamental en Estados Unidos. Sin embargo, como otros derechos, podría ser más vulnerable de lo que parece.
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