La llamada Ley SB1718 ha causado amplio rechazo y ya se han convocado protestas para mostrar el valor de los migrantes dentro de la economía de Florida.
Por Fernando Castro, analista migratorio
Son severas las consecuencias que tendrá la Ley SB 1718 o “ley antiinmigración” que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, la cual busca endurecer la estadía de migrantes indocumentados en el Estado de Florida, Estados Unidos. Dicha norma fue promulgada por el actual gobernador republicano Ron de Santis.
Entre las medidas más destacadas de la ley está que se exigirá a las empresas con más de 25 empleados, que utilicen el sistema digital denominado E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar, ya que de no hacerlo pueden ser sancionados económicamente, con US$1,000 diarios.
Asimismo, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid, a recopilar datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos, según opositores a la norma.
Por otra parte, el transporte de personas indocumentadas desde otro estado de la Unión Americana, hasta Florida, se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión y recibir sanciones económicas para quien lo realice de hasta US$10,000.
En ese sentido, las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado de Florida a migrantes irregulares y prohíbe el financiamiento de programas locales, para otorgar documentos de identidad a inmigrantes sin papeles.
Cabe mencionar que esta ley podría afectar a más de 145 mil migrantes guatemaltecos residentes en Florida, uno de los más poblados por connacionales en Estados Unidos
.El 1 de julio entrará en vigencia la ley SB-1718, promovida desde el despacho del gobernador republicano de Florida Ron de Santis, quien aspira a la nominación presidencial para las elecciones de 2024.
Otro de los puntos radica en que la legislación inválida licencias de conducir y tarjetas de identificación de 16 estados y el Distrito de Columbia a migrantes “no autorizados” y prohíbe reuniones de negocios, turismo y de cualquier tipo con amigos, compañeros de trabajo y familiares.
